La Asamblea de Vivienda de Collado Villalba ha denunciado esta mañana en una rueda de prensa que el contrato por el que presta servicio la Oficina Antiocupación fue firmado por el Ayuntamiento y una empresa de la que es dueño el propietario de Desokupa Exprés, una compañía de desocupación «con historial violento y delictivo».
«La Organización Nacional de Afectados por la Okupación, ONAO, en realidad no es más que una asociación pantalla elegida para encubrir al verdadero beneficiario del contrato con la Oficina Antiocupación: Desocupaciones Técnicas S.L.», explican en la Asamblea de Vivienda. Esta compañía, señala Pablo López, miembro de la Asamblea de Vivienda, «pertenece única y exclusivamente a Salvador Palazón Marquina, fundador y propietario a su vez de Desokupa Exprés. El fundador y propietario de Desokupa Exprés percibe 30.000 euros anuales por parte del Ayuntamiento de Collado Villalba para la Oficina Antiocupación».
El modus operandi de las empresas de desocupación, detallan en la Asamblea, es conocido: «infundir miedo con el fin de que los ocupantes abandonen su morada extrajudicialmente, recurriendo incluso a la violencia física». En este sentido, recuerdan que el pasado 28 de octubre Desokupa Exprés protagonizó un desalojo con bates en Sevilla en un bloque recuperado «que dejó varios heridos y que la justicia declaró ilegal». Para los integrantes de este colectivo vecinal, «estamos financiando indirectamente esta actividad».
Contrato menor
La Asamblea de Vivienda recrimina al Consistorio villalbino «la opacidad que ha habido en torno a esta Oficina Antiocupación que tiene un contrato menor, por lo que no figura en el Portal de Transparencia», y reclama a la alcaldesa que dé explicaciones sobre el mismo, así como sobre el trabajo desarrollado en dicho espacio en los casi seis meses que lleva abierto.
El acuerdo firmado por el Consistorio asciende a 15.000 euros cada seis meses, «es decir, 30.000 euros al año», según detalla Pablo López, quien también reconoce que no han podido ver los términos específicos del contrato, por lo que no se sabe si está firmado para seis meses o un año completo.
Preguntado sobre esta cuestión, Toni Miranda, presidente de ONAO, ha declinado confirmar o desmentir estos datos a Noticias Para Municipios y ha derivado las preguntas sobre estas cuestiones al Ayuntamiento de Collado Villalba. El Consistorio ha respondido esta tarde que el contrato ha cumplido «escrupulosamente» con la Ley de Contratos del Sector Público.
«Esta administración», afirman desde el Consistorio, «no entra ni debe entrar a valorar posibles situaciones jurídicas que mantenga el administrador de la sociedad contratada, mercantil de la que no existe constancia que tenga impedimento legal alguno para contratar con la administración pública».
Ante esta situación, desde la Asamblea de Vivienda se ha iniciado una campaña titulada #DesocupaLaOficina con la que exigen al Ayuntamiento el cierre de la Oficina Antiocupación, que se recupere la función como sala de exposiciones de El Pontón en el espacio que ahora ocupa la Oficina y la puesta en marcha de una batería de medidas para atajar los problemas de acceso a la vivienda.
La vivienda en Collado Villalba
Durante la rueda de prensa, Mijaíl, uno de los integrantes de la Asamblea de Vivienda también ha resaltado «los problemas de acceso a la vivienda que hay en Villalba», recordando dos recientes desahucios producidos en el municipio «sin alternativa habitacional y sin que los servicios sociales dieran ningún tipo de solución», así como la situación vulnerable de «personas como Alfonso, que hace un año murió en la calle» y los criterios excluyentes que ponen las inmobiliarias para el alquiler. «Estamos en un municipio donde hay muchos problemas de acceso a la vivienda y no hay soluciones por parte del Ayuntamiento de Villalba».
El organismo vecinal ha vuelto a reclamar al Consistorio que habilite soluciones habitacionales, rehabilitando por ejemplo la Casa de Maestros, que negocien con la Sareb frente a los desalojos, que se establezcan alquileres sociales y ofrezcan a los vecinos asesoramiento jurídico y acompañamiento ante los desahucios. Actualmente, según las noticias que tiene la Asamblea de Vivienda, hay dos posibles señalamientos de desahucio de personas con vulnerabilidad acreditada, «ambos de Sareb», que se podrían producir en enero.
Sonia García ha explicado, por su parte, su experiencia personal como habitante de un bloque que se ocupó en diciembre del año pasado. «Vivo casi enfrente de la oficina de la asociación pantalla de Desokupa Exprés. Nos crea un desasosiego muy grande saber que los neonazis que apalearon con bates de béisbol a seis familias ocupas en Sevilla tengan a su disposición un espacio y dinero público para financiar indirectamente sus actividades delictivas. En el bloque lo vivimos con horror, es un añadido más a esa suma grande de precariedades que ya vivimos».
Para la Asamblea de Vivienda, la Oficina Antiocupación solo sirve para «estigmatizar a un colectivo vulnerable, a personas que carecen de una alternativa habitacional y que recuperan edificios abandonados, en su mayoría de entidades financieras, para no vérselas en la calle».
