Unas setenta personas se han manifestado por la zona de Villalba Estación en una protesta convocada por la Asamblea de Vivienda de Villalba bajo el lema ‘Vivienda por derecho’ a la que también han asistido concejales de Unidas por Collado Villalba y PSOE.
La protesta se ha organizado para exigir la puesta en marcha de medidas para atajar el problema de vivienda en el municipio, así como para reclamar el cierre de la Oficina Antiocupación, reabriendo la Sala de Exposiciones El Pontón. Los manifestantes han salido desde la Plaza de la Estación hacia la calle Real, deteniéndose frente al edificio que fue ocupado hace un año, y frente a la Oficina Antiocupación, para después continuar recorrido hacia la sede de Servicios Sociales de Collado Villalba antes de regresar a la Plaza de la Estación.
Entre las peticiones que han lanzado los manifestantes para afrontar el problema de la vivienda en Collado Villalba, los convocantes proponen la rehabilitación de viviendas municipales para ofrecer alternativa habitacional en caso de desahucio, la negociación con bancos y grandes tenedores para conseguir un alquiler social, el asesoramiento jurídico a personas con amenaza de desahucio, la intermediación entre arrendadores y arrendatarios y la apertura de un albergue municipal permanente.
Oficina Antiocupación
Los manifestantes han protestado durante el acto contra el servicio puesto en marcha este año por el Ayuntamiento de Collado Villalba para ofrecer asesoramiento y mediación a vecinos afectados por la ocupación.
“Pedimos el cierre de la Oficina Antiocupación por cuatro razones: esta oficina es innecesaria, es inútil, es éticamente cuestionable y dudosamente legal el contrato que hay firmado para su gestión“, ha señalado Mijaíl, de la Asamblea de Vivienda. Para este colectivo vecinal, el servicio que presta dicha oficina no es necesario porque “el problema real que hay detrás de la ocupación es el de la vivienda y no se están ofreciendo soluciones” y no es útil porque desde la oficina no pueden iniciar procedimientos judiciales. “Esa oficina lo único que puede hacer es indicar a la gente que vaya a la Policía a denunciar unos hechos, no es necesaria esa atención”, recalca Mijaíl.
La contratación que se ha efectuado para la apertura de la Oficina Antiocupación es calificada por la Asamblea de Vivienda como “éticamente cuestionable” por ser el adjudicatario de este contrato “el dueño de una empresa que se dedica a la desocupación”. El modus operandi de estas compañías, reseña el portavoz de la Asamblea, es “amedrentar, coaccionar a las personas, violentarlas en sus casas… eso es éticamente cuestionable al margen de que eso pueda ser legal o no”.
Desde la Asamblea de Vivienda cuestionan la forma en la que se efectuó el contrato del Ayuntamiento villalbino con Desokupa Exprés para la gestión de la Oficina Antiocupación porque “de los tres presupuestos que se solicitaron, dos fueron a un mismo empresario”. Además, recriminan en el colectivo vecinal, que se haya subcontratado la actividad, “probablemente en su totalidad”, al haberse adjudicado el servicio a “una persona que no tiene capacidad técnica para darlo porque es necesario tener un abogado, por lo que esa empresa tiene que subcontratar a una entidad, la ONAO, que tampoco sabemos muy bien cómo operan ni quienes son”.
“Contrato menor que viene por la Ley de Contratos”
El concejal de Seguridad, Miguel Aisa, explicó por su parte hace unas semanas que la contratación de la Oficina Antiocupación “viene por la Ley de Contratos en el Sector Público. Hablamos de un contrato menor, para el que se exigía que hubiera un abogado habilitado para ejercer en el Reino de España y que tuviera experiencia en la intermediación. No había ningún impedimento para que este servicio se prestara a través de un tercero. Es decir, el adjudicatario podía, no subcontratar, pero sí prestar servicio a través de un tercero”.
En la Asamblea vuelven a solicitar al Consistorio que “publiquen los datos de este contrato, cuestión que se ha solicitado por parte de los grupos de la oposición y que se sigue sin entregar. Esa opacidad nos lleva a pensar a que aquí, probablemente, haya algunas ilegalidades”.
Para Mijaíl, los datos de usurpación de vivienda, 13 en 2020, “no justifican la apertura de una oficina de este tipo” y aseguran que los 121 expedientes abiertos por la Oficina en los últimos seis meses, dato que esgrime el Ayuntamiento para plantearse la extensión del servicio, “no tienen muchos de ellos nada que ver con la ocupación”.
