El grupo municipal Unidas por Collado Villalba ha presentado una querella en los Juzgados de Collado Villalba por «la denegación sistemática de la documentación solicitada por este grupo del expediente de contratación del servicio de asesoría jurídica de la Oficina Antiocupación municipal que ha prestado sus servicios entre julio y diciembre del pasado año».
Así lo ha explicado en rueda de prensa esta mañana Eva Morata, concejala de la formación, frente a los Juzgados de la localidad. Unidas por Collado Villalba acusa al Consistorio de incumplimiento de un artículo del Código Penal, el 542, de impedimento del ejercicio de los derechos cívicos.
«Presentamos la querella tras haber solicitado reiteradamente, tanto por escrito como verbalmente en comisión informativa y en el Pleno, información específica sobre el expediente de contratación del servicio de asesoría jurídica de la Oficina Antiocupación municipal». Tal y como concreta Morata, se ha pedido esta documentación hasta en cuatro ocasiones por Registro desde el pasado 6 de septiembre de 2021, «sin que hasta la fecha haya sido facilitada».
«Posibles irregularidades»
Unidas por Collado Villalba explica haber localizado, con la información a la que han tenido acceso por el momento, «posibles irregularidades en el procedimiento de contratación». Entre las cuestiones detectadas por la agrupación, detalla Morata, está el que «de las tres empresas a las que se solicitó presentar oferta, dos son del mismo administrador. Una de ellas es la que ha sido la adjudicataria». La Ley, señala Morata, detalla que una misma empresa no puede presentarse con dos ofertas, «entendemos que es este caso».
Sumado a esto, «también hemos sabido, a través de declaraciones del concejal del área y de la propia alcaldesa, que el servicio no lo presta esta empresa; el servicio se presta a través de la ONAO, asociación nacional de afectados por la ocupación que no está registrada como asociación. El servicio no lo presta el adjudicatario, se presta con esta entidad a través de una abogada. La Ley es contundente y no se puede hacer una subcontratación total de un servicio».
«Lo que queremos es constatar estos indicios accediendo al expediente, que es un derecho que tenemos y una obligación de la Alcaldía. La reiterada falta de respuesta a estas peticiones, sin ninguna justificación de la negativa a facilitarla por parte del concejal del área, no hace más que confirmar las sospechas de Unidas por Collado Villalba sobre la posible existencia de varias irregularidades en este procedimiento de contratación, en cuya detección han sido determinantes las investigaciones llevadas a cabo por la Asamblea de Vivienda de Collado Villalba a quienes de nuevo el grupo municipal quiere agradecer su trabajo», remata la concejala.
El equipo de Gobierno defendió hace unos meses la legalidad del procedimiento con un comunicado en el que aseguraban que el contrato por el que se regía la Oficina Antiocupación era un contrato menor, por lo que no es necesaria su publicación, «no obstante obviamente se respetaron escrupulosamente los requisitos del artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Publico, se solicitaron de hecho tres presupuestos y se optó por el de menor importe, en este caso el ofrecido por la mercantil DESOCUPACIONES TECNICAS S.L., por importe de 15.000€ IVA incluido por los servicios a prestar entre el 15 de julio al 31 de diciembre», señalaron.
Penas de inhabilitación
Unidas por Collado Villalba ha concretado esta mañana que «la negación de acceso a esta documentación infringe el artículo 77 de la Ley de Bases del Régimen Local y el art. 14 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que determina que “los miembros de las Corporaciones Locales tienen derecho a obtener del Alcalde o de la Junta de Gobierno, cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función”.
Así mismo, «contraviene también el Código de Buen Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Collado Villalba que, en su artículo 51 apartado 6, estipula que “se garantizará a los grupos de oposición la participación y el acceso a la información, para poder ejercer adecuadamente sus tareas de control al gobierno”.
Según ha informado el grupo denunciante, la negativa reiterada a dar información puede conllevar penas de inhabilitación de hasta cuatro años para ejercer cargo público como ha ocurrido en ayuntamientos como el de Carboneras (Almería), Albox (Almería) o Palacios del Sil ( León) entre otros.
Fuentes del equipo de Gobierno, por su parte, han señalado a Noticias Para Municipios que «se ha contestado a todas las preguntas en las diferentes comisiones de vigilancia de la contratación» sobre este asunto y que la documentación que exige Unidas por Collado Villalba «se les va a facilitar sin problema».
El Ayuntamiento está preparando un nuevo contrato para continuar con la prestación del servicio de asesoramiento que se llevó a cabo en la Oficina Antiocupación hasta el mes de diciembre de 2021, tal y como adelantó hace unas semanas la alcaldesa, Mariola Vargas.
