El grupo municipal Unidas por Collado Villalba ha exigido al Gobierno local, mediante un comunicado, que se saque la Oficina Antiocupación del espacio en el que está y que sea restituida la sala como espacio de exposiciones.
Esta petición surge a raíz de la información que desveló la Asamblea de Vivienda la semana pasada, calificada como «preocupante» por la formación política, en la que se explicaba que el contrato por el que presta servicio la Oficina Antiocupación fue firmado por el Ayuntamiento con una empresa de la que es dueño el propietario de Desokupa Exprés, una compañía de desocupación «con historial violento y delictivo».
«La Organización Nacional de Afectados por la Okupación, ONAO, en realidad no es más que una asociación pantalla elegida para encubrir al verdadero beneficiario del contrato con la Oficina Antiocupación: Desocupaciones Técnicas S.L.», concretaron en la Asamblea de Vivienda. Esta compañía, señalan desde la organización vecinal, «pertenece única y exclusivamente a Salvador Palazón Marquina, fundador y propietario a su vez de Desokupa Exprés. El fundador y propietario de Desokupa Exprés percibe 30.000 euros anuales por parte del Ayuntamiento de Collado Villalba para la Oficina Antiocupación».
Desde el Consistorio expusieron el pasado jueves que el contrato por el que se rige la Oficina Antiocupación es un contrato menor, por lo que no es necesaria su publicación, «no obstante obviamente se respetaron escrupulosamente los requisitos del artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Publico, se solicitaron de hecho tres presupuestos y se optó por el de menor importe, en este caso el ofrecido por la mercantil DESOCUPACIONES TECNICAS S.L., por importe de 15.000€ IVA incluido por los servicios a prestar entre el 15 de julio al 31 de diciembre».
«Opacidad» del contrato
Según opina Unidas por Collado Villalba, «el gobierno municipal no sólo no se ocupa del terrible problema de vivienda que tenemos en Villalba si no que, según ha denunciado al Asamblea de la Vivienda y vemos en varios medios de tirada nacional, da cobijo en un edificio municipal a un grupo empresarial que ha sido denunciado por actividades propias de un grupo mafioso, con denuncias interpuestas en sede judicial al respecto. Y no solo eso, como relatan varios medios, en el acuerdo firmado con este grupo le da la posibilidad de recabar información sobre nuestros vecinos tanto de los servicios sociales como de la policía municipal».
La formación, que ha cuestionado desde que se abrió la Oficina de Antiocupación su utilidad, ante las últimas informaciones concluyen que «este servicio está lejos de corresponder a las necesidades de nuestro vecindario».
En cuanto al proceso de contratación, el grupo municipal asegura que «el modo de elegir la empresa ya despertaba suspicacias por la opacidad, porque se camufló todo
bajo la pantalla de una supuesta asociación que no aparece en ningún registro».
Unidas por Collado Villalba explican que se ha pedido acceso al contrato, «dado que no está publicado – incumpliendo la Ley de Contratación del Sector Público-, sin ningún éxito. Y durante varios plenos nuestro grupo municipal ha presentado preguntas sobre el proceso de contratación y la actividad de la oficina que no han llegado a verbalizarse por falta de tiempo y que no han sido respondidas por otra vía».
Gracias a las averiguaciones de la Asamblea de Vivienda, señalan en la formación, han descubierto que «dos de las tres empresas presentadas al contrato forman parte del mismo grupo empresarial, circunstancia que infringe el principio de Proposición Única recogido en la legislación de contratación pública vigente».
Unidas por Collado Villalba piden que «de inmediato se tomen las medidas necesarias para desocupar la sala que ocupa este grupo empresarial para sus actividades privadas» y que se detalle cuál ha sido el procedimiento para la contratación de este servicio, así como los resultados del trabajo que se ha llevado a cabo en los casi cinco meses de actividad de la Oficina y el dinero público que ha recibido dicho grupo empresarial. La formación política solicita, además, «la restitución de esta sala para su utilidad pública como sala de exposiciones al servicio de las villalbinas y villalbinos».
Finaliza el comunicado el grupo municipal agradeciendo a la Asamblea de la Vivienda de Villalba «su actividad en defensa de los más indefensos y por traer un poco dignidad a nuestra ciudad constantemente arrastrada por la vergüenza en manos de este gobierno».
