Las organizaciones Foro de Madrid y el Movimiento Feminista de Madrid han lanzado una crítica contundente a las instituciones y a la clase política con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En el centro de sus reproches sitúan la “hipocresía” con la prostitución y la parálisis de los poderes públicos para sacar adelante una ley abolicionista que, recuerdan, “ya debería estar impulsada y cumplida”.
Las portavoces subrayan que resulta incoherente que se hable de prácticas prostitucionales que afectan incluso a altos cargos mientras la normativa abolicionista sigue bloqueada: “Es un tema en el que deberían ponerse de acuerdo”, insistieron durante la presentación de la manifestación convocada para el próximo martes en Madrid.
Contra el ‘negacionismo’ de la extrema derecha
La protesta partirá a las 18.30 horas de la confluencia de las calles Alcalá y Gran Vía, y finalizará en la Plaza de España. Bajo el lema común de priorizar la lucha contra la violencia machista, las organizaciones quieren situar en primer plano el negacionismo de la ultraderecha, el “abandono” que, a su juicio, muestran las instituciones y la relajación generalizada en las políticas de igualdad.
Consideran que estos factores están debilitando el sistema de protección y dejan a muchas mujeres en una situación de extrema vulnerabilidad. Así que, de acuerdo con lo anterior, para ambas plataformas, la falta de mecanismos eficaces frente a los asesinatos machistas constituye una forma de violencia institucional.
Las organizaciones feministas critican la gestión de las pulseras telemáticas de control para agresores a la que califican de «desastrosa».
Por ello, alertan de que “el abandono y la negligencia” en la gestión de los recursos públicos están comprometiendo la seguridad de miles de víctimas. Uno de los ejemplos más graves, señalan, es la gestión de las pulseras telemáticas de control para agresores, cuya operatividad ha sido cuestionada en varios casos recientes. Las organizaciones hablan de una “desastrosa gestión” y reclaman que se asuman responsabilidades políticas, se identifiquen los fallos y se haga el análisis “con transparencia”.
Insisten en que no basta con afirmar que no se han registrado víctimas mortales entre las mujeres portadoras de estos dispositivos y exigen saber «qué ha ocurrido, qué está fallando en el sistema”. Además, remarcan que la opacidad solo contribuye a agravar la desprotección.
Violencia sexual contra las jóvenes
En su paquete de reivindicaciones, las organizaciones feministas subrayan la necesidad de reforzar la lucha contra la violencia sexual, que describen como una violencia “infradenunciada” y con especial impacto en las jóvenes. También reclaman la suspensión de visitas para progenitores inmersos en procesos penales por violencia machista o sobre quienes existan indicios fundados. De forma paralela, piden una mayor protección de niñas y adolescentes tuteladas por el Estado, que consideran “frecuentemente desamparadas” ante redes criminales.
El impacto de la pornografía es cada vez más accesible y consumida a edades más tempranas, lo que provoca la normalización de la violencia contra las mujeres.
A estas demandas suman la aprobación de una Ley Abolicionista del Sistema Prostitucional, imprescindible para combatir la explotación sexual y la trata. De ahí que pidan una normativa que proteja a las mujeres frente a lo que describen como prácticas de explotación reproductiva, como el alquiler de vientres o la extracción de óvulos.
Asimismo, alertan sobre el impacto de la pornografía, cada vez más accesible y consumida a edades más tempranas. Por ello, alertan y denuncian la “violencia normalizada” que esta genera sobre mujeres y niñas.
La violencia machista, un tema de salud pública
En el ámbito sanitario, las organizaciones recuerdan que la violencia machista es también un problema de salud pública. Ambas ponen el acento en la importancia de los mecanismos de cribado en los centros de salud.
Apuntan que su eficacia depende de que el personal sanitario esté formado para detectarla y abordarla adecuadamente. Por ello, cargan contra los fallos en los cribados de cáncer de mama registrados en Andalucía. Una comunidad en la que, consideran, ha habido “negligencia, violencia institucional, recortes y privatización”. Por ello, exigen depurar todas las responsabilidades, incluidas las penales si procede.
Además, señalan que también existe violencia institucional en el acoso que sufren las mujeres que ejercen su derecho a abortar. Y afirman que “administrar bloqueadores de la pubertad a menores sanos y hormonar a adolescentes disconformes con los estereotipos sexistas” constituye igualmente una forma de violencia institucional.
A su juicio, “el demostrado carácter experimental de esas terapias es razón suficiente para detener su aplicación”. Las organizaciones sostienen que los derechos que reclaman deben aplicarse “a todas las niñas y todas las mujeres”, sin excepciones. E insisten, por último, en que los fundamentalismos patriarcales siguen limitando la libertad femenina. Dichos fundamentalismos, enuncian, pasan por restricciones, imposiciones y prácticas como el velado, que describen como símbolo visible de sometimiento.