El asesinato machista comienza antes de su consumación. Está en los silencios institucionales, en los patrones previos de la violencia de género que pasan desapercibidos y en los datos que no se recogen o no se interpretan. Es, precisamente, en esa cadena de fallos lo que analiza el estudio ‘Datos sobre feminicidios: potencialidades y limitaciones para la construcción del conocimiento y la prevención de las violencias’, liderado por la doctora Milagros Sáinz.
La investigadora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en colaboración con especialistas del Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) y la Universidad Industrial de Santander (Colombia), ha comparado en profundidad los sistemas de información sobre feminicidios en España y en Colombia.
Lo hace desde una premisa basada en que la manera en que los Estados recogen, clasifican y difunden los datos condiciona la forma en que la sociedad entiende la violencia machista. Pero también las políticas que se aplican para prevenirla. Porque, no se trata solo de estadísticas sino de vidas.
Restar capacidad preventiva
Aunque el estudio concluye que ambos países han realizado avances significativos, presentan lagunas estructurales que comprometen la capacidad preventiva del sistema.
Por ejemplo, en España, el registro oficial de feminicidios está limitado a los crímenes cometidos por parejas o exparejas, lo que invisibiliza asesinatos de mujeres fuera de esa categoría. En Colombia, por otro lado, aunque la legislación reconoce el feminicidio como delito autónomo desde 2015, la investigación muestra dificultades en la sistematización. Entre otras cuestiones ha detectado duplicidades en las fuentes y falta de indicadores homogéneos entre instituciones.
En España, el registro oficial de feminicidios está limitado a los crímenes cometidos por parejas o exparejas, lo que invisibiliza asesinatos de mujeres fuera de esa categoría, según el estudio.
Para Sáinz, estas limitaciones no son técnicas, sino políticas. Y es así, porque “el tratamiento de los datos condiciona la manera en que la sociedad entiende el problema y cómo los Estados diseñan sus políticas de prevención”. Así, un registro parcial del problema lleva a diagnósticos incompletos y, por tanto, a políticas insuficientes.
¿Qué mejorar en la recopilación de datos?
Lo que propone la investigadora para que los datos tengan una utilidad más allá de servir de contador, son tres retos principales en ambos países. En primer lugar, la necesidad de garantizar que los datos se traduzcan en acciones efectivas. Es decir, no basta con recopilar información, esta debe servir para orientar recursos, evaluar riesgos y detectar patrones previos de violencia. El estudio advierte de que, en la práctica, esta conexión entre datos y políticas no siempre se produce.
En segundo lugar, escuchar a víctimas, familias y organizaciones feministas. Aquí, la investigación señala que la experiencia de quienes viven y acompañan los casos es fundamental para entender fallos institucionales. No obstante, señala, rara vez se incorpora de forma sistemática a los procesos de mejora.
Por último, el estudio apuesta por generar condiciones estructurales de no repetición.
Esto implica formar a operadores institucionales, mejorar los sistemas de justicia, garantizar protección efectiva y revisar sesgos culturales que normalizan la violencia.
Para mejorar, es conveniente incorporar de forma sistemática a los procesos la experiencia de quienes viven y acompañan los casos.
Papel central de la sociedad civil
El grupo de investigación también ha incluido un capítulo específico de buenas prácticas. En él, se destaca un enfoque integral y efectivo que debe combinar medidas legales, pedagógicas, sociales y comunitarias. Medidas todas en las que tanto el Estado como la sociedad civil desempeñan un papel central. Por eso, una de las recomendaciones más claras del documento se centra en la prevención y en el concepto de detectar patrones previos de violencia.
En ese sentido, el estudio insiste en que la comunidad juega un papel insustituible. Sáinz afirma que cualquier persona debe sentirse legitimada para denunciar situaciones de violencia que observe. Bien en el vecindario, en el entorno laboral o en la calle. La corresponsabilidad social, sostiene, es tan importante como la actuación institucional.
A pocos días del 25N, la investigación recuerda que un dato mal recogido o mal interpretado no es solo un error burocrático. Puede ir más allá y significar una oportunidad perdida para salvar una vida.