El Ministerio de Igualdad tiene previsto presentar a la lo largo de este mes de septiembre en el Consejo de Ministros, el proyecto de ley para abolir la prostitución. Su titular, Ana Redondo, anunció en junio pasado, tras la filtración de los audios de José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García en los que hablaban de cómo repartirse mujeres, que su equipo está trabajando en un texto completo para erradicar esta «práctica machista».
Esta ley, con la que Redondo pretende poner el broche a la legislatura, es un objetivo complicado y ambicioso, en tanto en cuanto necesita de muchos apoyos parlamentarios para sacarlo adelante. Por otro lado, la abolición de esta práctica, considerada una forma de violencia de género contra las mujeres, afectaría a un importante número de leyes vigentes e, incluso, a otras instituciones que requerirán de reformas y de ajustes.
Adaptación de la guía de actividades económicas a la realidad española
Una de esas instituciones ‘afectadas’ por la ley contra la prostitución es el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este organismo, dedicado al estudio y análisis de datos de todas las áreas, cuenta con una clasificación de actividades económicas en la que están incluidos los servicios sexuales. En concreto, el organismo lo hace llamar guía interpretativa de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE).
Esta guía es la traducción literal de la que publica la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat) y de su propia clasificación de actividades económicas en todos los estados miembros. Debido a la variedad existente entre ellos, el listado incluye como ejemplo en la categoría ‘Otros servicios personales’, la prestación o concertación de servicios sexuales’.
Esta mención también se incluye en la lista que maneja el INE, pero es un «automatismo que proviene de la práctica europea», según Igualdad. En su eliminación trabaja junto con el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. El objetivo, pues, es que el listado se adapte a la realidad española y no contemple actividades relacionadas con la prostitución. Este proceso forma parte del anteproyecto de ley para su abolición.
Además, Igualdad pedirá por carta a la Unión Europea la adaptación de la guía europea de actividades económicas al ordenamiento jurídico propio de cada país.
En el listado de actividades económicas de Eurostat se incluye como ejemplo en la categoría ‘Otros servicios personales’, ‘la prestación o concertación de servicios sexuales’.
El proxenetismo digital será delito
El texto que presentará el Gobierno a los diputados con el pretende abolir la prostitución también incluirá el proxenetismo digital. Esta es una de las líneas de trabajo del equipo de Igualdad y que incluirá en el anteproyecto de ley. Es una forma de actualizar la norma a la realidad existente.
Una cuestión importante dada la mutación que ha experimentado la prostitución y la explotación sexual de las mujeres con la popularización de los entornos digitales.
En ellas, la compra-venta de mujeres dirigida ha alcanzado cotas extraordinarias. Según la organización Médicos del Mundo, «en el momento en el que la interacción física se volvió más difícil y la exposición del cuerpo de las mujeres -incluidas niñas- más accesible, las posibilidades de los hombres de consumir prostitución y de ponerse en contacto con las mujeres crecieron de forma exponencial».
De hecho, la ONG recoge en un informe publicado junto al Instituto de las Mujeres (IM) de 2023, un dato estimado por parte del Parlamento Europeo al respecto. Según el mismo, «existen en torno a 40 millones de personas en situación de prostitución en el mundo. Además, entre 1 y 2 millones de personas se encuentran en situación de prostitución en Europa Occidental, de las cuales la mayoría son mujeres migrantes». Se calcula que cerca del 80% tienen presencia en la red.
España, por cierto, encabeza la lista de países europeos donde se demanda y consume más prostitución.