El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha revelado que la Fiscalía Provincial de Madrid y las tres Fiscalías de Área están llevando a cabo una revisión detallada de más de 100 denuncias sobre los fallecimientos ocurridos en las residencias madrileñas durante la pandemia.
Se trata del centenar de casos incluidos en la denuncia colectiva presentada en octubre por asociaciones de víctimas. Las familias de los fallecidos interpusieron la demanda contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid por un presunto delito de denegación de atención sanitaria por motivos discriminatorios, lo que se conoce como los ‘protocolos de la vergüenza‘.
Durante su intervención ayer martes en el Senado, García Ortiz recordó que el 31 de octubre de 2024 las asociaciones Mareas de Residencias y Verdad y Justicia para las Víctimas en las Residencias enviaron una copia de la denuncia colectiva a la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. Este documento, trasladado posteriormente a las fiscalías territoriales, fue presentado en nombre de 109 familiares de 115 personas que en marzo de 2020 residían en centros geriátricos de la Comunidad de Madrid.
En la denuncia se señala que los protocolos de no derivación impidieron que el 80% de los residentes recibieran asistencia sanitaria debido a su grado de dependencia; además, se denuncia la falta de medicalización en estos centros y la negativa a brindar atención en hospitales privados salvo para aquellos que contaran con seguro médico.
El Fiscal General detalló ayer que, en el marco de este expediente, la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado se reunió el 3 de diciembre de 2024 con representantes de estas asociaciones que quieren que se investiguen los fallecimientos en las residencias de mayores. Posteriormente, el 27 de enero de 2025, tuvo lugar otra reunión con los fiscales responsables de la tramitación de la denuncia en la Fiscalía Provincial de Madrid y en las tres Fiscalías de Área.
«Por parte de todos ellos se está procediendo a revisar la denuncia en relación con cada una de las víctimas, incoando diligencias de investigación por cada una de ellas para comprobar si los hechos ya han sido objeto de investigación y, en caso afirmativo, comprobar si se han realizado todas las diligencias necesarias a partir de esta nueva denuncia y si en alguna de ellas constan los mismos hechos denunciados», explicó García Ortiz.
El Fiscal General detalló que, si se detecta que existe un procedimiento penal abierto, la denuncia se remite para que se practiquen las diligencias necesarias. En caso contrario, se inicia una investigación dentro del marco de las diligencias correspondientes, con el objetivo de actuar con la mayor rapidez posible y evitar la prescripción de los hechos denunciados.
Además, aclaró que las resoluciones que se dicten serán notificadas directamente a los familiares denunciantes. En caso de que la denuncia haya sido archivada por derivación a un órgano judicial, se proporcionará una explicación tanto a las asociaciones como a los familiares afectados. Esta comunicación, según detalló, ya se ha realizado en varias investigaciones en curso.
Investigación «prioritaria» en Fiscalía sobre los fallecimientos en residencias durante la pandemia
En su intervención, García Ortiz reiteró que desde su llegada a la Fiscalía estableció como «prioridad» conocer y analizar las consecuencias de la pandemia, centrándose en los fallecimientos en residencias de mayores. Recordó que en octubre de 2022 envió una circular a todas las fiscalías de España solicitando información sobre los procedimientos judiciales en marcha y ordenando que se garantizara el derecho de las víctimas y sus familiares a ser escuchados en las investigaciones.
El Fiscal General subrayó ayer que, más allá de las posibles responsabilidades penales, la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de replantear el modelo de atención en residencias. «La prevención, la asistencia y la protección son de gran importancia para fomentar un nuevo modelo de cuidados centrado en las personas», defendió.
Asimismo, señaló que en mayo de 2024 la Secretaría Técnica emitió un oficio para solicitar información actualizada a los fiscales superiores, así como detalles sobre las resoluciones que habían sido objeto de recurso por parte del Ministerio Público.
Según los datos recopilados, en noviembre de 2024 aún había en trámite 91 procedimientos en todo el país, de los cuales 27 corresponden a la Comunidad de Madrid. De estos últimos, ocho están pendientes de la resolución de recursos de apelación interpuestos contra el sobreseimiento provisional.
Archivada otra causa por muertes en residencias
Precisamente ayer se dio a conocer el sobreseimiento provisional de una denuncia interpuesta por Marea de Residencias por la muerte de varios pacientes en dos residencias de Madrid capital durante la pandemia. El juez ha concluido que los encargados de los dos centros de mayores no incurrieron en negligencia alguna que suponga un ilícito penal.
En el auto, el magistrado acuerda el sobreseimiento provisional del procedimiento seguido por delitos de homicidio o lesiones imprudentes en las residencias de mayores Adolfo Suárez en San Blas y Amavir de Arganzuela. «No se aprecia por tanto que la conducta de los encargados de la residencia ni los médicos y enfermeras pueda ser constitutiva de infracción penal de clase alguna», recoge el auto.
El instructor hace hincapié en que «en el fondo de la querella no solo existe una denuncia por la actuación política que no se puede tratar en esta causa sino la incertidumbre de lo que podría haber sucedido si los residentes hubieran sido ingresados en un hospital«, en alusión a los protocolos de derivación de pacientes a hospitales madrileños.
En la resolución, el juez subraya para sustentar el archivo que el médico forense concluye que «no se incurrió en ningún tipo de negligencia» y recalca que se atendió a los residentes de la mejor manera que se pudo, teniendo en cuenta las excepcionales y desgarradoras circunstancias que todos sufrimos en esos momentos y que no deben olvidarse.
