El Juzgado de Instrucción número 3 de Collado Villalba ha puesto en marcha diferentes diligencias de investigación por una de las querellas presentadas contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y dos exconsejeros por su gestión en las residencias de ancianos al inicio de la pandemia del Covid-19.
Así, el juez ha reclamado a la empresa explotadora de una residencia de mayores documentación sobre la plantilla, la formación de los trabajadores y el material médico que había en el geriátrico cuando se desató la pandemia del coronavirus.
Estas diligencias se enmarcan en una causa que investiga las posibles negligencias por la no derivación de pacientes a hospitales. La denuncia se dirige contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y los exconsejeros Enrique López y Enrique Ruiz Escudero por la presunta comisión de un delito de homicidio imprudente.
La querella que dio origen a la causa parte de los familiares de una fallecida en una residencia en el inicio de la pandemia. En el auto dictado por el magistrado se impulsan, así, una serie de diligencias, entre ellas la citación como testigos de dos médicos. Uno de ellos es el jefe de Geriatría del Hospital Rey Juan Carlos de Madrid.
Causa contra Ayuso reabierta sobre una de las muertes en las residencias
Hace un año, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó al juzgado reabrir este procedimiento al estimar un recurso interpuesto por la familia contra el archivo de la causa, instando a la práctica de diligencias necesarias para determinar si concurre o no indicios del citado delito.
En concreto, se acuerda la declaración testifical de dos doctores, para lo que se requiere a la representación procesal de la acción popular para que en el plazo de 5 días aporte nombre y apellidos completos de dichos doctores, domicilio y teléfono de los mismos.
De igual modo, se insta a Sanitas Mayores para que aporte a la causa el inventario de material sanitario, medicamentos y respiradores en la residencia al momento de los hechos. El auto también reclama el horario laboral del personal, números de trabajadores, formación y titulación, así como los protocolos de aislamiento de las residentes fallecidas y hojas de control del mismo.
El juez ha pedido, además, datos sobre las ratios que tiene estipuladas por normativa en relación al número de residentes y personal, así como la acreditación del personal con formación en cuidados paliativos, acreditación de su jornada de trabajo esos meses, y del suministro médico existente para proporcionar esas medicaciones.
Por ahora, ya hay 25 procedimientos impulsados contra Ayuso que han sido cerrados por las muertes de ancianos por Covid en residencias públicas de la Comunidad de Madrid al no acreditarse la comisión de delito alguno en relación a los protocolos de derivación de pacientes a hospitales en la primera ola de la pandemia.
