El exdirector general de coordinación sociosanitaria Carlos Mur ha sido citado de nuevo a declarar el próximo 17 de octubre ante el juez de Instrucción número 4 de Madrid en relación a una de las causas judiciales en las que se investigan los protocolos de derivación de la Comunidad de Madrid en residencias durante la primera ola de la pandemia.
Carlos Mur estaba citado el pasado 15 de junio pero no compareció al vivir fuera de Madrid. Ese día, sí prestó declaración ante el magistrado y las partes personadas el exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero.
En este procedimiento, el juez Marcelino Sexmero, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, investiga a las directoras de dos residencias, así como a dos doctoras a instancias de dos querellas interpuestas por familiares de fallecidos a través de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores (Pladigmare).
Precisamente esta plataforma ha adelantado que el día de la declaración de Mur se concentrarán ante la sede de los Juzgados de Plaza de Castilla, de 11.00 a 13.00 horas, en apoyo «a los familiares que perdieron a sus seres queridos» y «para que se sepa la verdad de lo que pasó y se haga justicia». «Para que no vuelva a suceder nunca más», ha añadido en un comunicado.
Pladigmare ha expresado su confianza en la Justicia y espera que se pueda determinar, en los procedimientos aún abiertos, la influencia que «pudieron tener los llamados ‘protocolos de la vergüenza’ en los miles de fallecimientos que ocurrieron en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia», recalca.
En su declaración, el exconsejero manifestó que «los protocolos existieron, se aplicaron y tuvieron consecuencias», haciendo alusión a un informe de una revista internacional de epidemiología que apunta a que más gente murió en las residencias de la Comunidad de Madrid que en el resto de comunidades.
En la comisión de investigación sobre Residencias y Covid-19 en la Asamblea de Madrid, Mur afirmó que miembros de las Consejerías de Sanidad y de Políticas Sociales conocían y «participaron desde el principio» en la redacción de los protocolos geriátricos que él firmó y envió a ambos departamentos regionales.
Otra condena por el Covid
Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado a la Comunidad de Madrid a indemnizar con 10.000 euros a los familiares de un hombre de 79 años con Covid-19 fallecido en 2020 por no garantizarle los medios de diagnóstico adecuados.
El fallo de la Sección 10 de lo Contencioso Administrativo determina que el paciente falleció el 25 de marzo de 2020 en el Hospital Universitario Ramón y Cajal por no ser atendido correctamente y no utilizar los medios necesarios para diagnosticar una infección por Covid-19 y, por lo tanto, reconoce la pérdida de oportunidad terapéutica para poder haber abordado con mayores garantías su tratamiento.
La sentencia, facilitada por la Asociación El Defensor del Paciente, concluye que se produjo una deficiente atención sanitaria al paciente tanto en la asistencia dispensada en el Centro de Salud Mar Báltico el 12 de marzo como en la asistencia prestada en el Hospital Universitario del 19 a 25 de marzo.