Más de la mitad de las personas que perdieron la vida en las residencias de mayores durante la pandemia sin posibilidad de ser derivadas a los hospitales habrían podido salvarse. Es una de las demoledoras afirmaciones que hoy se han podido escuchar en la presentación de un informe elaborado por la Comisión Ciudadana por la Verdad en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia de Covid-19.
El estudio realizado por esta organización ciudadana, promovida por las plataformas Marea de Residencias y Verdad y Justicia, ha concluido que durante los meses de marzo y abril de 2020 se produjo «una sobremortalidad» en estos centros «que pudo y debió haberse evitado».
Entre la decena de conclusiones del informe, presentado este viernes en el Ateneo de Madrid, se incluye también que la respuesta del Gobierno regional «fue inadecuada» y se «vulneraron derechos fundamentales» de los residentes y sus familias. Además, «los recursos sociales y sanitarios eran insuficientes» cuando se declaró la pandemia, situación que «no se ha corregido».
En este informe se ha elaborado tras tres meses de estudios y 25 testimonios recogidos. En él se apunta que la comunicación entre residencias y familiares, así como la información a éstos, «fue inadecuada» y se sentencia que la Comunidad «no medicalizó las residencias».
«La Comunidad de Madrid restringió drásticamente las derivaciones de pacientes desde las residencias a los hospitales, utilizando criterios discriminatorios por lugar de residencia, discapacidad física o deterioro cognitivo, así como por carecer de seguro privado», destaca el informe. Según sus datos, la Administración regional «no utilizó los medios alternativos existentes» para ofrecer atención sanitaria a los pacientes de las residencias «ni derivó a pacientes a hospitales privados».
Para esta Comisión, «el sufrimiento y la muerte evitable de miles de personas mayores que vivían en las residencias» fue consecuencia de «unas decisiones planificadas y conscientes de discriminación en la atención«, por lo que sentencia que «se han vulnerado gravemente derechos fundamentales de las personas residentes y sus familiares».
Tras toda esta situación y cuatro años después se ha vulnerado, sostiene el informe, «el derecho a la verdad», pues considera que «no se ha investigado debidamente lo que ocurrió» y «no se han establecido ni responsabilidades ni reparaciones justas».
Actitud «conformista» en la Fiscalía
El magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, también presidente de la Comisión, ha sido quien ha dado su voz a las conclusiones de este estudio. Pallín ha precisado que «no se trata de una invasión de tareas que corresponden a los políticos», pero dado que las comisiones de investigación «se frustraron», acciones como ésta «fortalecen la calidad democrática».
Especialmente crítico se ha mostrado el magistrado con el papel de la Fiscalía a la hora de investigar lo ocurrido o de participar en los procesos judiciales en marcha, una actitud que ha tachado de «conformista». En algunos casos «ni acudían a las declaraciones», ha lamentado.
Entre las recomendaciones que señala el informe está precisamente la búsqueda «de la verdad» y el «deber de no olvidar», algo que pasa, señalan, porque tanto el Gobierno de la Comunidad como la Asamblea de Madrid «reabran la comisión de investigación sobre la pandemia». A esto se suma que la Fiscalía «complete una investigación eficaz y diligente».
A juicio de José Antonio Martín Pallín, la vía penal por lo ocurrido en las residencias «debería encabezarla el Ministerio Fiscal» como «depositario de la acción pública», aunque ha recordado que también las familias e incluso la ciudadanía mediante la figura de la acusación popular, pueden acudir a la Justicia.
«No daba lo mismo»
Martín Pallín ha comparecido acompañado del resto de miembros de la Comisión por la Verdad en las residencias, como el profesor de Derecho Constitucional y del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia Fernando Flores, a la sazón redactor del informe; la doctora en epidemiología María Victoria Zunzunegui; el médico Fernando Lamata; la escritora Anna Freixas; la socióloga y politóloga Cristina Monge, y el abogado y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid Eduardo Ranz.
Precisamente María Victoria Zunzunegui ha remarcado que las decisiones adoptadas ignoraron las prácticas profesionales y la evidencia científica de lo ocurrido en China o Italia semanas antes. «No se hizo lo que se tenía que hacer de acuerdo con prácticas profesionales y evidencia científica», ha incidido.
Por su parte, el doctor Lamata ha aseverado que los mayores derivados a centros hospitalarios tuvieron «un porcentaje de supervivencia del 65%», lo que extrapolado a la Comunidad de Madrid pudo traducirse en que «más de 4.000» de los 7.291 fallecidos en residencias de la región «podrían haberse salvado». «No daba lo mismo», ha concluido.
Pallín ha reclamado para el presente y futuro de la sociedad un «cambio radical» en el planteamiento del modelo de cuidados, algo que conllevaría una dimensión económica, sociocultural –que pasa por una mayor visibilización de los mayores o personas con discapacidad «como sujetos de pleno derecho», sanitaria, jurídica –con una «puesta al día de la normativa»– y política. Por último, se pide «mejorar la dotación del sistema sanitario público» y «visibilizar y luchar contra el edadismo».
Panorama «desolador» en los juzgados
El magistrado y presidente de la Comisión por la Verdad en las residencias ha reconocido esta mañana que «hasta ahora» el panorama en los tribunales arroja una «estadística bastante desoladora», con 19 causas archivadas hasta el momento por los organismos jurisdiccionales madrileños. La última causa desestimada fue por la muerte de dos residentes en sendas residencias de Parla, en el que la Audiencia Provincial dedujo que la atención desplegada «fue la adecuada».
Al contrario que en este caso, la Audiencia Provincial de Madrid sí obligó al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Collado Villalba a reabrir el pasado año una causa contra la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y sus exconsejeros de Sanidad e Interior, Enrique López y Enrique Ruiz Escudero, respectivamente, por las muertes de usuarios de una residencia de ancianos en la primera ola de la pandemia de Covid-19.
También con anterioridad, la Audiencia Provincial había determinado, en relación con la muerte de otros dos residentes en otra residencia de la Comunidad, que el Gobierno regional priorizó el criterio clínico en las derivaciones.
Informe completo de la Comisión Ciudadana por la verdad en las residencias de Madrid a continuación:
