La Fiscalía ha llamado a declarar a numerosos familiares de fallecidos en residencias de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia de Covid-19. Las primeras declaraciones de los denunciantes están previstas para este miércoles, 8 de enero.
Estas citaciones están enmarcadas en la denuncia colectiva presentada el pasado mes de octubre, en la que se acusa de un delito continuado de denegación de prestación sanitaria por motivos discriminatorios ya que 7.291 residentes murieron sin ser derivados a un hospital.
Las asociaciones Marea de Residencias y 7.291: Verdad y Justicia han informado de este avance mediante un comunicado conjunto, en el que han destacado positivamente la actuación de la Fiscalía. Según señalan, este movimiento «contrasta con la pasividad mantenida ante denuncias y querellas anteriores».
No obstante, ambas asociaciones, como coordinadoras y firmantes de la denuncia colectiva, han advertido del peligro de que «los delitos denunciados prescriban» si no se actúa «con rapidez». Según explican, esto podría ocurrir «a partir de la segunda quincena del mes de marzo», al cumplirse cinco años de los hechos.
«Solicitamos a la Fiscalía que judicialice la denuncia en cuanto haya tomado declaración a los familiares, especialmente teniendo en cuenta que los denunciantes ya aportamos una abundante prueba documental para demostrar la comisión de los delitos», han subrayado las asociaciones.
Denuncia de los familiares de los fallecidos en residencias durante la pandemia del Covid-19 contra altos cargos del Gobierno de Ayuso
La denuncia colectiva fue registrada el 10 de octubre ante la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid. Contó con la participación de 109 denunciantes, familiares de 115 residentes que vivían en centros geriátricos de la región en marzo de 2020. De estas víctimas, 111 fallecieron, y en seis casos, un mismo denunciante perdió a dos familiares. Los residentes vivían en 72 residencias diferentes de la Comunidad de Madrid.
El escrito de denuncia apunta contra 29 personas, entre ellas, los dos directores de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño durante la primera ola, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, responsables de «los dos protocolos que impidieron el traslado a los hospitales de los residentes madrileños». También se menciona a Pablo Busca Ostalaza, entonces director del SUMMA 112, y a Antonio Burgueño, autor del Plan de Choque contra la Pandemia, que «incluía supuestamente una medicalización de las residencias que nunca se llevó a cabo». Además, se señala a los geriatras encargados de aplicar dichos protocolos en los 25 hospitales públicos madrileños, según explican las asociaciones denunciantes.
En la denuncia se alega que los hechos constituyen un delito de denegación de prestación sanitaria por motivos discriminatorios, tipificado en el artículo 511 del Código Penal.
El texto también detalla cinco ámbitos en los que se habría producido discriminación hacia los residentes, siendo especialmente graves la falta de medicalización de las residencias y la prohibición de trasladar a los pacientes a hospitales públicos. Los otros tres puntos incluyen el veto a recibir atención en hospitales privados salvo que el residente tuviera seguro privado, así como en el hospital del Ifema y en los hoteles medicalizados.
Las cuatro fiscalías territoriales de la región que recibieron la denuncia han decidido abrir diligencias de investigación individualizadas para cada uno de los denunciantes, dando lugar a 109 procedimientos distintos. Las declaraciones de los familiares se realizarán en el marco de estas investigaciones.
Por su parte, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha reiterado que hasta el momento la Justicia ha archivado todas las denuncias y querellas relacionadas con este asunto. La consejera del ramo, Ana Dávila, señaló en octubre que se está haciendo un «uso partidista» de este tema.
