108 familiares de ancianos que fallecieron en diferentes residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia han presentado esta mañana una denuncia colectiva en la Fiscalía de Madrid. Impulsan una denuncia colectiva por la «discriminación sufrida» durante el Covid-19, momento en el que 7.291 residentes murieron sin ser derivados a un hospital.
Las familias, de mano de las asociaciones ‘Marea de residencias’ y ‘7291: Verdad y justicia’, han presentado conjuntamente este jueves la denuncia contra 29 personas, entre las que figuran «altos cargos del Gobierno».
Entre las personalidades incluidas en la denuncia colectiva de los familiares de los fallecidos en las residencias están los dos directores de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno de Madrid durante la primera ola de la pandemia, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo. Ellos fueron «el firmante y el autor» de los llamados ‘Protocolos de la Vergüenza’, las indicaciones que impidieron el traslado de los residentes a los hospitales.
La denuncia también se dirige contra Pablo Busca, director del SUMA 112 en aquel momento; contra Antonio Burgueño, autor del plan de choque contra la pandemia; y contra los geriatras responsables de aplicar el protocolo en los 25 hospitales públicos madrileños, según han especificado la portavoz de Marea de Residencias, Carmen López, y la presidenta de 7291: Verdad y justicia, María Jesús Valero, en una rueda de prensa.
«Negación reiterada de asistencia sanitaria» en la denuncia de las familias de los fallecidos en las residencias
La denuncia ha sido presentada por 108 familiares de 115 residentes que vivían en 72 residencias distintas de la región.
En la denuncia se aporta «documentación inédita» para avalar su caso sobre los fallecidos en las residencias durante la pandemia. Por ejemplo, se incluyen en la denuncia «informes internos del Gobierno en los que se reflejaba la situación en la que estaban los geriátricos», según han explicado López y Valero. También se incluye en el documento que «la decisión de prohibir el traslado de los residentes a los hospitales se empezó a aplicar el 13 de marzo de 2020, cinco días antes de la aprobación del conocido como ‘protocolo de la vergüenza'».
Las representantes de las asociaciones han detallado que se ha cometido «al menos un delito continuado de denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios», recogido en el artículo 511 del Código Penal.
Este artículo explica que se «incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años el particular encargado de un servicio público que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su situación familiar, pertenencia a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad».
Preocupación por la posibilidad de que prescriban las actuaciones de 2020
Valero ha manifestado que van a seguir estudiando más vías para protestar por «la discriminación que sufrieron por dependencia y por vivir en residencias públicas». Además, ha mostrado su «preocupación» ante la posibilidad de que las actuaciones de 2020 prescriban el próximo mes de marzo «sin haber sido investigadas».
Ambas representantes han pedido a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que «investigue y judicialice las causas». «Queremos que recopile el resto de documentos, puesto que se enviaban diariamente de una consejería a otra, y que los recupere todos y que investigue, que al final es su labor, no la nuestra», han protestado.
La denuncia presentada este jueves se suma a otras vías legales mediante las cuales las asociaciones siguen reivindicando «que se haga justicia», como las querellas presentadas o la petición al Europarlamento para que se estudien las muertes en residencias.
Tampoco es la primera actuación frente a la Fiscalía. El pasado 3 de abril, la Comisión Ciudadana por la verdad en las residencias de la Comunidad de Madrid registró un informe sobre lo ocurrido en las residencias en los meses de marzo y abril de 2020. En él se recoge que de haberse derivado a los ancianos de las residencias madrileñas a centros hospitalarios, podrían haberse salvado «más de 4.000 vidas» de los 7.291 muertos contabilizados en las mismas durante la primera ola de la pandemia.
Sin investigación en la Asamblea
El Gobierno regional se ha opuesto en reiteradas ocasiones a investigar en la Asamblea lo ocurrido en las residencias gracias a la mayoría absoluta de la que goza el Partido Popular en el Parlamento regional. Este miércoles, por ejemplo, impidió la comparecencia de François Béland, el investigador de los protocolos de las residencias durante la primera ola de la pandemia.
Por ahora, ya hay 25 procedimientos cerrados por el fallecimiento de ancianos por Covid en residencias públicas de la Comunidad de Madrid al no acreditarse la comisión de delito alguno en relación a los protocolos de derivación de pacientes a hospitales en la primera ola de la pandemia.
Por otro lado, el Juzgado de Instrucción número 3 de Collado Villalba ha puesto en marcha diferentes diligencias de investigación recientemente por una de las querellas presentadas contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y dos exconsejeros por su gestión en las residencias de ancianos al inicio de la pandemia del Covid-19.
