Setenta años viviendo en la misma casa no han bastado para librar a Maricarmen, vecina de 87 años del barrio de Retiro, de un nuevo intento de desahucio. Será el cuarto, y esta vez no cabrá recurso. El lanzamiento está fijado para las 7:30 de la mañana de este miércoles en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, y de ejecutarse será definitivo.
Para tratar de impedirlo, el Sindicato de Inquilinas de Madrid ha llamado a acampar frente a su vivienda desde las 20:00 horas de este martes, en un acto de carácter festivo y cultural que se prolongará hasta la hora del lanzamiento.
Un contrato de alquiler de 1956
Detrás de este último intento hay un contrato que se remonta a 1956, cuando el padre de Maricarmen firmó el alquiler de la vivienda bajo el régimen de renta antigua, con actualizaciones anuales según el IPC.
El contrato pasó primero a su madre y, durante casi veinte años, a la propia Maricarmen, que tiene reconocida una discapacidad del 50%. Después de varios periplos judiciales para el reconocimiento de la renta antigua, Maricarmen ganó el pleito en primera instancia, pero el Tribunal Supremo terminó dando la razón al inversor propietario del edificio.
Ese inversor es Urbagestión, que se hizo con la propiedad del inmueble en 2018 y que, según denuncian los colectivos que apoyan a la vecina, intentó entonces subir su alquiler un 250%. Desde entonces se suceden los intentos de desahucio.
Según el Sindicato de Inquilinas, ni el Ayuntamiento, ni la Comunidad de Madrid, ni el Gobierno central han puesto sobre la mesa una solución habitacional real para Maricarmen.
Alternativas razonables para Maricarmen
El Sindicato de Inquilinas asegura llevar tiempo planteando alternativas a las administraciones —desde la compra pública de la vivienda hasta cambios legales que blinden más los contratos de alquiler— sin obtener respuesta.
Según la organización, ni el Ayuntamiento, ni la Comunidad de Madrid, ni el Gobierno central han puesto sobre la mesa una solución habitacional real para Maricarmen, más allá de una plaza en una residencia que consideran inasumible y que no cubre sus necesidades.
El colectivo recuerda además que Naciones Unidas ha pedido a España que adopte medidas para evitar este desahucio y garantizar una vivienda adecuada para la vecina.