Una extrabajadora de una residencia de mayores concertada de Torrejón de Ardoz ha denunciado presuntas agresiones, vejaciones, falta de cuidados y negligencias médicas hacia algunos de los residentes del centro.
Las acusaciones han salido a la luz a través del programa Malas Lenguas de RTVE, que ha recogido tanto el testimonio de la antigua empleada como el de familiares de una residente fallecida. La extrabajadora describe situaciones de maltrato a personas mayores, falta de higiene y racionamiento de comida, además de asegurar que algunos residentes gritaban pidiendo ayuda.
«No tienen consideración con los mayores ni con sus enfermedades», afirma la denunciante en su relato.
Una familia denuncia una negligencia antes de la muerte de una residente
Uno de los testimonios más graves corresponde a los familiares de una mujer que residía en el centro y que terminó falleciendo.
Según relata la familia, la mujer comenzó a encontrarse mal y desarrolló una neumonía, pero denuncian que no recibió a tiempo la atención médica que necesitaba. Cuando finalmente fue trasladada al hospital, su estado se había agravado y posteriormente falleció.
Los familiares consideran que existió desatención médica y reclaman que se esclarezca lo sucedido.
Por el momento, esta acusación parte de la familia y no consta una resolución que establezca que una negligencia de la residencia provocara el fallecimiento.
Denuncian patadas, vejaciones y falta de higiene
La extrabajadora describe también supuestos malos tratos físicos y vejaciones hacia algunos de los residentes.
Entre las situaciones denunciadas se encontrarían patadas a personas mayores y falta de higiene y cuidados básicos. Los testimonios recogidos por RTVE describen además un ambiente en el que algunos residentes reclamaban ayuda.
Las acusaciones afectan precisamente a personas especialmente vulnerables por su edad, dependencia o enfermedades.
La extrabajadora asegura que llegó a ser retenida
La denuncia va todavía más allá. La exempleada asegura que, después de mostrar su intención de denunciar lo que estaba ocurriendo, responsables del centro intentaron que firmara un documento de confidencialidad.
Según su testimonio, cuando se negó a hacerlo fue retenida contra su voluntad. RTVE recoge también que trabajadores recién incorporados habrían sufrido presiones y desprecios.
El centro no hace declaraciones
La residencia señalada cuenta con plazas concertadas con la Comunidad de Madrid, por lo que parte de la atención que presta está financiada con fondos públicos.
La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales tiene competencias de inspección y control de los centros de servicios sociales. El plan autonómico de inspección establece, además, que los centros residenciales deben ser inspeccionados al menos una vez al año, y en 2026 las residencias de mayores figuran entre los ámbitos prioritarios de control.
Las irregularidades pueden acabar afectando a la autorización
Las acusaciones conocidas ahora deberán ser investigadas antes de determinar si existe algún tipo de responsabilidad.
La normativa madrileña obliga a estos centros, entre otras cuestiones, a garantizar los derechos de sus usuarios, cumplir los estándares exigidos y permitir las actuaciones de inspección y comprobación de la Comunidad de Madrid.
En los supuestos previstos legalmente, los incumplimientos pueden derivar en expedientes y sanciones. La propia Comunidad contempla incluso la revocación de la acreditación cuando dejen de cumplirse los requisitos y estándares de calidad o cuando se imponga una sanción que implique el cierre del centro.
Queda ahora por conocer si la Comunidad de Madrid ha abierto una inspección o investigación específica a raíz de estas denuncias, si existían quejas anteriores y cuándo se realizó la última inspección a esta residencia.
