El Juzgado Contencioso-Administrativo ha decretado medidas cautelarísimas ante la intención del Ayuntamiento de Collado Villalba de desalojar a las personas que okupan la Casa de los Maestros desde el pasado mes de junio, según ha anunciado esta mañana la Asamblea de Vivienda.
Así lo ha comunicado hoy la agrupación vecinal, quien explica que en el auto del Juzgado «se valora que en caso de ejecutarse el desahucio sin ninguna alternativa habitacional se provocaría un daño irreparable a los menores. Este perjuicio que se podía producir en 24 horas desde la notificación es lo que fundamenta la decisión de tomar medidas cautelarísimas«.
Las personas que okuparon en junio la Casa de los Maestros son, tal y como detallan en la Asamblea de Vivienda, «una familia con dos menores y una madre embarazada, un hombre y dos jóvenes».
El texto remitido por el juez, afirman, «también se pronuncia sobre la necesidad de identificar correctamente el inmueble y por supuesto sobre la necesidad de solicitar autorización judicial para el desahucio por parte de la Administración Local».
Datos «superprotegidos»
La alcaldesa de Collado Villalba, Mariola Vargas, contestó ayer durante una rueda de prensa a las preguntas de los medios de comunicación sobre este desalojo asegurando que, por el momento, lo único que se había hecho era notificar el acuerdo del Pleno por el que se aprueba la recuperación del bien municipal (la Casa de los Maestros).
La regidora rechazó proporcionar ningún tipo de información sobre el tratamiento que pudieran estar llevando o no en Servicios Sociales en esta cuestión por tratarse de «datos superprotegidos». Vargas aseguró desconocer la información de este punto concreto, «pero aunque la conociese, no os la iba a decir» y añadió que el Ayuntamiento está, en situaciones así, «en una real indefensión porque no podemos ni desmentir ni afirmar lo que están contando».
Preguntada sobre la ilegalidad a la que aluden en la Asamblea de Vivienda ante el desalojo por la inexistencia de autorización judicial, la regidora se limitó a responder: «fantástico».
«Incongruencias y errores»
Para la Asamblea de Vivienda, el Juzgado refrenda su postura frente al desahucio que pende sobre los habitantes de la Casa de los Maestros. «Teníamos razón cuando indicamos que el expediente estaba lleno de incongruencias y errores de forma. Teníamos razón cuando avisamos del riesgo de desalojar a personas vulnerables, especialmente las menores, sin haber ofrecido ningún tipo de alternativa o la mínima atención desde Servicios Sociales», señalan.
La alcaldesa Mariola Vargas y su equipo, añaden, «desoyeron nuestras alegaciones al expediente, e ignoraron nuestra propuesta de negociación para habilitar la Casa de los Maestros como vivienda social. Su falta de voluntad política para encontrar una solución a este caso se tradujo en la intención firme de atropellar los derechos de las personas más vulnerables del municipio y cometer una ilegalidad, como ya ha constatado el juez».
En la agrupación defienden que «las redes de apoyo mutuo vecinales funcionan» para señalar que sin ellas «este desahucio se hubiera ejecutado de manera ilegal tal y como sucedió en el desalojo del Mio Cid en febrero«. La organización popular «no sólo es necesaria, sino que es la única forma de conseguir victorias y garantizar nuestros derechos en un sistema institucional que nos da la espalda y arroja a la miseria», rematan.
