Esta mañana, finalmente, el Ayuntamiento de Collado Villalba ha desalojado a la familia que el pasado mes de diciembre ocupó las aulas prefabricadas del antiguo colegio Mio Cid.
Se trata de una familia de siete personas, cuatro de ellas menores, que hace dos meses se instaló en las aulas municipales. Tras la ocupación, el Consistorio inició los trámites precisos para el desahucio hasta llegar al Pleno Extraordinario en el que se aprobó recuperar el bien público, desalojando, por tanto, a los habitantes de las aulas municipales.
Aunque el acuerdo alcanzado en el Pleno del Ayuntamiento daba 24 horas desde mediodía del miércoles para proceder con el desahucio, el desalojo se ha producido finalmente esta mañana, momento en el que operarios del Consistorio han sacado los enseres de la familia del espacio ocupado mientras agentes de la Policía Local custodiaban el proceso.
El concejal de Seguridad, Miguel Aisa, presente durante el desalojo, ha explicado a ‘Onda Cero Sierra’ esta mañana que los componentes de la familia «estaban avisados hace tiempo de que esto iba a ocurrir, también se les avisó cuando se acordó en el Pleno que tenían 24 horas para desalojar el edificio. Han pasado 48 horas y se ha procedido con el desalojo. Se ha hablado con ellos para que entiendan que tienen que abandonar el edificio, es un edificio de todos los villalbinos. Estamos en cumplimiento de la Ley«.
Esta misma mañana, Faustina, madre de la familia afectada, tiene una cita para reunirse con Servicios Sociales e intentar encontrar alguna solución habitacional, tal y como ella misma contó a Noticias Para Municipios ayer.
La familia pide un alquiler social
Ayer, Faustina y su marido, Manuel, recibieron a Noticias Para Municipios en las aulas ocupadas y pidieron al Ayuntamiento que les ayudara a encontrar una vivienda que pudieran pagar. «Yo puedo pagar un alquiler social perfectamente. Yo no me niego a pagar nada, el alquiler, la luz, el agua… lo que cualquier persona que tiene su piso. Todo el mundo tiene derecho a una vivienda», defendía ayer Manuel ante el inminente desalojo.

Tamara Macías, portavoz de la Oficina de Derechos Sociales de la Sierra de Madrid, explicaba que se trata de «una familia en situación de extrema vulnerabilidad social, con la que los Servicios Sociales no han hecho nada« que no se había visto capaz de presentar alegaciones ante esta decisión del Consistorio por su «nivel socioeconómico bajo y alto nivel de analfabetismo».
El próximo paso, según avanzó ayer Macías, además de la reunión con Servicios Sociales que se tiene que producir esta mañana, es la vía judicial. «Este Ayuntamiento está haciendo algo totalmente fraudulento. Servicios Sociales y Mariola Vargas van a recibir, dentro de poco, una denuncia por antigitanismo porque esta familia lleva 21 años viviendo en el municipio, éste es el cuarto desalojo que tienen y nunca han tenido una alternativa habitacional. Nos encontramos con una situación de desamparo por parte de la institución«.
Tras el desalojo, el inmueble ha comenzado a ser derrumbado por un grupo de operarios, preparando el terreno para el futuro circuito de educación vial que está previsto construir en el solar.




