La Audiencia Nacional ha reanudado el juicio por la causa ‘Púnica’ en su pieza por los contratos de ‘Waiter Music’ donde aparecen imputados varios alcaldes del PP por el presunto amaño de adjudicaciones en las fiestas.
En este caso de corrupción está acusado Francisco Granados, exalcalde de Valdemoro y número 2 en el Gobierno de la Comunidad de Madrid que presidió Esperanza Aguirre, quien se enfrenta a seis años de prisión.
En el banquillo se sientan otros 13 acusados, entre ellos los exalcaldes valdemoreños José Miguel Moreno, José Carlos Boza y otros cuatro exregidores del PP de municipios madrileños, por la supuesta contratación irregular para actos de fiestas locales entre 2004 y 2013 de la empresa Waiter Music, cuyo dueño, el ya fallecido José Luis Huerta, era amigo de Granados.
En el juicio, tanto Moreno como Boza han negado que favorecieran a Waiter Music en adjudicaciones, que se hayan enriquecido con las mismas, que hayan recibido regalos de Huerta o que hayan cargado al Ayuntamiento gastos de servicios para eventos privados o del PP prestados por Waiter Music.
El exregidor José Miguel Moreno, para quien la Fiscalía pide dos años y ocho meses de prisión, ha recordado que Granados le propuso para sucederle en la alcaldía de Valdemoro cuando fue nombrado consejero con Esperanza Aguirre.
En este punto, ha añadido que ya se adjudicaban a Waiter Music las fiestas desde el mandato de Francisco Granados en la alcaldía de Valdemoro, pero ha asegurado que durante el tiempo en el que le sustituyó, entre 2003 y 2011, no recibió de él «ninguna instrucción, indicación o sugerencia» para seguir contratando con esa empresa.
Sin instrucciones
Moreno ha negado que las adjudicaciones a esta empresa estuvieran amañadas o predeterminadas y ha asegurado que el gabinete de la alcaldía se limitaba a iniciar el procedimiento para que las fiestas las organizaran las concejalías correspondientes.
Así, ha abundado en que las adjudicaciones las aprobaba el jefe de Contratación con su equipo de trabajadores municipales y que él se limitaba a firmar cuando le decían que todo se había tramitado sin que él decidiera la forma de procedimiento ni limitara la concurrencia de empresas.
Y ha recalcado que Granados no le pidió que el Ayuntamiento se hiciera cargo de pagar a Waiter Music servicios prestados por esta empresa para eventos del PP con cargo a extras de las fiestas municipales.
Boza solo «impulsaba el expediente»
Por su parte José Carlos Boza, para quien la Fiscalía solicita cuatro años y diez meses de prisión, ha coincidido en que él se limitaba a impulsar el expediente para las fiestas pero que no intervenía ni en la tramitación del procedimiento ni en la contratación, que «no estaba acordada de antemano» para favorecer a Waiter Music.
También ha negado que Granados le diera instrucciones de cómo gestionar el ayuntamiento y ha dicho que a José Luis Huerta le conocía de su anterior etapa como teniente de alcalde en otra localidad, Ciempozuelos, donde Waiter Music también fue adjudicataria de fiestas locales.
José Carlos Boza ha recordado que cuando llegó a la alcaldía el Ayuntamiento era un «caos» ya que tenía una deuda de 120 millones de euros y «se gastaba un millón» en las fiestas y que él redujo el gasto de las mismas a 300.000 euros.
Igualmente, ha mantenido que el PP no le pidió que el Ayuntamiento pagara gastos de servicios de Waiter Music para eventos del partido con cargo a las fiestas locales. Al respecto ha relatado que Huerta le dijo que el PP le debía dinero y que le contestó que si no estaba reconocida esa deuda no le podía pagar porque era un asunto del partido.
La exalcadesa de Ciempozuelos: «No conozco a las empresas»
También ha declarado la exalcaldesa de Ciempozuelos María Ángeles Herrera, que ha negado que participara en la trama Púnica y ha asegurado que se fiaba de lo que le pasaban a firmar sobre las adjudicaciones del Ayuntamiento investigadas: «algunas veces me persignaba y decía ‘dios mío que lo que firme esté bien».
«Una vez que inicio el procedimiento me empiezan a pasar documentos que tenía que firmar porque es de obligado cumplimiento, pero yo ni conozco a las empresas ni le digo a nadie lo que tiene que escribir, osea me van subiendo los pliegos del tema administrativo y yo firmo lógicamente», ha manifestado Ángeles Herrera.
«Un alcalde no puede estar solamente en las fiestas, hay muchos eventos y muchas cosas con muchísima documentación y no puedes controlar todas las facturas de un ayuntamiento, tienes que saber delegar y allí éramos un equipo, y de hecho cuando había que firmar los pagos yo era la última pues lo hacían antes el interventor y el tesorero» tras pasar por la Junta de Gobierno municipal, ha abundado. Y ha insistido: «A mí me asesoraban y me decían ‘María Ángeles esto no hay ningún problema lo puedes firmar que no va a pasar nada’ y yo firmaba, me fiaba de ellos».
El exalcalde de Moraleja: «No se cargaron al Ayuntamiento actos del PP»
En el juicio también ha prestado declaración el exalcalde de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada, para quien la Fiscalía solicita dos años y ocho meses de prisión.
Estrada negó haber recibido instrucciones de Granados para adjudicar contratos a esta empresa y rechazó también que se cargaran al Ayuntamiento gastos correspondientes a actos del Partido Popular. El exregidor defendió que las contrataciones seguían los procedimientos técnicos y administrativos habituales.
El pasado enero, Francisco Granados aseguró que no tuvo «ningún tipo de participación» en los presuntos amaños en contratos para la celebración de las fiestas populares de varios municipios.
Los amaños
En su auto de procesamiento, el juez de la Audiencia Nacional García Castellón describía una dinámica de presunta adjudicación irregular de contratos públicos a Waiter Music y otras sociedades propiedad de José Luis Huerta para la organización de verbenas y festejos populares en cinco ayuntamientos de la Comunidad de Madrid: Valdemoro, Algete, Ciempozuelos, Moraleja de Enmedio y Móstoles.
En muchos casos, según el relato judicial, tal relación comercial fue posible debido a que los diferentes expedientes administrativos, cuando los había, estaban predeterminados para que fuesen adjudicados a Waiter Music o a empresas controladas directa o indirectamente por Huerta.
Así, se podía contar con una empresa que, por una parte, realizaba los festejos de conformidad y, por otra, «proporcionaba unos servicios extras a requerimiento de los políticos, bien en extras decididos al momento de las fiestas, bien prestando servicios privados para actos del PP municipal, bien para alguno de sus miembros que no eran nunca facturados», indicó.
Adjudicaciones por más de un millón de euros
Según los indicios recogidos en el auto, Huerta, fallecido en 2020, dada su experiencia previa, y especialmente el trato que ya había mantenido con diferentes municipios en la época de alcaldía de Granados en Valdemoro, logró en 2003 la adjudicación de los festejos en varios municipios por unas cifras que llegaron a superar el millón de euros.
Concretamente, el juez señalaba las adjudicaciones en el año 2003 de Valdemoro, (por 773.186,88 euros), Móstoles (por 262.000,00 euros), San Martín de la Vega (135.349,96 euros), Torrejón de Velasco (por 100.172,96 euros), Moraleja de En medio (104.565,12 euros), Humanes de Madrid (87.491,47 euros) y, con menor importancia, los de Arroyomolinos, Villanueva de la Cañada y Titulcia (7.948,32 euros, 17.527,60 euros, 17.469,88 euros y 17.527,60 euros respectivamente). Según añadió, Huerta logró seguir contratando con ellos de forma ininterrumpida y con cantidades similares en algún caso hasta 2013.
Fuera de dichos clientes, el empresario también logró facturación de empresas constructoras (FCC, Acciona, Ferrovial Dragados, Sacyr y OHL, así como de Metro de Madrid, por cuantía total conjunta de 571.311,61 euros, de los que 198.940,00 eran de Metro de Madrid,S.A.).
