La defensa del ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados ha declarado en la Audiencia Nacional que no tuvo «ningún tipo de participación» en las presuntas irregularidades con los contratos para la celebración de las fiestas populares en los municipios madrileños de Móstoles, Moraleja de Enmedio, Algete, Valdemoro y Ciempozuelos que se investigan en la pieza ‘Waiter Music’ del ‘caso Púnica’.
Así lo ha defendido el abogado del exdirigente ‘popular’ este lunes en la primera sesión del juicio, en el que la AN juzga a Granados, el exsenador del PP David Erguido y a otras 13 personas.
El letrado Javier Vasallo ha manifestado que su defendido no tuvo «ningún tipo de participación, mediación, intermediación o cualquier tipo de resultado por acción u omisión» en los ayuntamientos de los mencionados municipios.
Por ello, Vasallo ha alegado falta de competencia de la AN para llevar a cabo este juicio y ha manifestado que «se debe de remitir la pieza en su totalidad a los juzgados que territorialmente se consideraban competentes». En este caso, en su opinión, la Audiencia Provincial de Madrid.
La ‘patata caliente’
Sin embargo, ha acusado al que fuera el juez instructor, Manuel García Castellón, de haberle pasado «la patata caliente» a la sección en la que se está juzgando «diciendo que no ha tenido ningún tipo de participación».
«Pero la diferencia está en algo completamente voluntarista y completamente subjetivo del instructor, que dice que la diferencia es que los ayuntamientos de Móstoles, Moraleja del Medio y Algete han finalizado el estudio, y en Chinchón y San Sebastián de los Reyes todavía no ha empezado la instrucción», ha añadido el abogado.
Y con respecto a Valdemoro -donde Granados fue alcalde- y Ciempozuelos, la defensa de Granados ha alegado que «lo único» de lo que «parecer ser que se le acusa» es «de ser amigo de un concejal, que era el que celebraba los festejos desde el año 1999 al año 2003″, el coacusado José Miguel Moreno.
Además, según el abogado, «todos los eventos» que se van a juzgar en esta pieza «transcurren en el plazo de prescripción», porque «la primera imputación formal se realiza después de 17 años de abandonado el Ayuntamiento de Valdemoro como alcalde».
Diez años
«Desde el momento que se produce el abandono de la alcaldía hasta que se produce la transformación y notificación del auto de transformación en el año 2021, pasan sobradamente los 10 años de prescripción y entendemos que, por tanto, todos los hechos que van a ser objeto de juiciamiento están completamente prescritos», ha concluido el abogado.
Para los acusados, entre los que se encuentran exalcaldes de localidades de la Comunidad de Madrid y distintos cargos administrativos en esos ayuntamientos, la Fiscalía pide entre dos y seis años de prisión por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude en la contratación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.
