Un 96% de afectados por la ampliación de la línea 7B de Metro en San Fernando de Henares cree que la respuesta del Gobierno de la Comunidad de Madrid ha generado un mayor sufrimiento emocional a los damnificados, según un estudio elaborado por el Centro de Atención a Víctimas de Malos Tratos y Tortura (Sira), conformado por un equipo de psicólogas, psiquiatras, médicas y abogadas, entre otros.
El informe ‘Reconstruyendo vidas’, elaborado a partir de 169 encuestas y entrevistas en profundidad a personas afectadas por la Línea 7B, recoge tanto un análisis del impacto de las obras de ampliación del suburbano a lo largo de casi dos décadas como una serie de recomendaciones para paliar los daños a los damnificados y evitar que se vuelva a producir.
Presentado por la Asociación Vecinal de Personas Afectadas por Metro Línea 7B, el estudio certifica que el daño sufrido por las personas afectadas «no es un efecto inevitable de una obra pública, sino la consecuencia de procesos prolongados, a raíz de una negligencia y de una respuesta institucional insuficiente».
El portavoz de la asociación de afectados, Alejandro Escribano, ha recordado que se trata de una «negligencia técnica que no tiene precedentes en la historia reciente de España» ante la que, ha censurado, la Comunidad de Madrid ha reaccionado con «irresponsabilidad» y una «política de parches» que no pone punto final a la raíz del problema.
Los datos de la «negligencia»
Además de los más de 2.500 días de servicio de Metro interrumpido hasta en nueve ocasiones, el estudio constata que más de 600 viviendas se han visto afectadas, con unas 1.800 personas damnificadas, 73 casas demolidas, 217 desalojados, 23 calles con problemas, cinco comercios derribados y la pérdida de instalaciones de uso público, incluyendo guardería infantil, la Escuela Municipal de adultos, la escuela de idiomas, la Casa de la Juventud, la casa de la mujer, una sala de exposiciones y centros socioculturales, entre otros.
Según el informe, desde el inicio de la obra hace más de 18 años hasta la actualidad, los afectados han sufrido ruido permanente (82,9%), vibraciones y grietas (72,6%), daños en puertas y ventanas (60,3%) y cortes de luz (49,4%), agua (48,6%) y gas (43,8%).
El estudio apunta además que la cronificación de las obras en el tiempo ha generado desalojos, demoliciones, reubicaciones y fragmentación familiar, así como pérdida de servicios e infraestructuras comunitarias, con un impacto directo en el tejido social y la identidad local. Así, una de cada tres personas consultadas ha sido desalojada: el 46% ha permanecido fuera del hogar entre uno y seis meses y casi un 27%, más de dos años.
Según testimonios anonimizados aportados en el informe, los desalojos y realojos se describen mayoritariamente como procesos «traumáticos» y «poco dignos», con familias separadas, personas con movilidad reducida reubicadas en viviendas inadecuadas y reformas percibidas como «chapuzas» que no resolvieron los daños o incluso los agravaron, con casos de algunas casas reformadas que acabaron siendo derribadas.
Falta de respuesta institucional
Además, apunta que la falta de respuesta institucional ha agravado la situación mediante procesos burocráticos que han dificultado el acceso a soluciones y han generado «inseguridad constante». En este sentido, el 96% de las personas encuestadas considera que las autoridades han generado mayor sufrimiento emocional y el 98% que no han hecho nada para responsabilizarse o minimizar el malestar.
Además, casi el 90% de ellas, nueve de cada diez, considera muy escaso o nulo el apoyo de la oficina de atención a la ciudadanía de la Comunidad de Madrid abierta específicamente en el municipio de San Fernando de Henares.
El impacto en la salud
Esto ha provocado además afecciones en la económica, la salud física y mental, la vida cotidiana, la trayectoria educativa y laboral, las relaciones sociales y la vida comunitaria, y la seguridad y control vital. «Su afectación simultánea configura un daño complejo y estructural», se apunta en el informe.
Entre otras, interrupción de la vida cotidiana (90,2%), afectación económica (66,3%), impacto en el empleo (64%), deterioro en relaciones sociales (61,5%), ruptura de vínculos comunitarios (69,2%) e impacto en los estudios (57%).
El impacto en niños y adolescentes: problemas de salud física (en el 66,7% de los casos), afectación educativa (69%), limitación de movilidad y juego (71,4%) e inseguridad vital (75%)
Especialmente reseñable, «con dimensiones críticas», según el informe, en el caso de niños y adolescentes, con problemas de salud física (66,7%), afectación educativa (69%), limitación de movilidad y juego (71,4%) e inseguridad vital (75%).
En el caso de la salud, el daño alcanza tanto a la física como a la mental, con problemas de sueño (79,1%), dolores de cabeza (71,4%), crisis de ansiedad (64,4%), consumo de medicación (46%) y necesidad de atención psicológica duplicada desde el inicio de las obras (del 20,7% al 40%).
Junto a ello, el informe habla de un impacto vital y moral profundo: pérdida del proyecto de vida (89,7%), sensación de incapacidad de actuar (94,5%), cambios emocionales generalizados (76,1%), desafección política (76%) y percepción de daño moral (87%).
«La experiencia de las personas afectadas muestra que los mecanismos de protección institucional no han sido suficientes para la gravedad del problema, generando desconfianza, inseguridad y daño moral», se detalla en el informe, consultado por Europa Press, en el que se remarca que aunque las estrategias comunitarias «han sido clave», se han mostrado insuficientes «sin el apoyo institucional».
Recomendaciones
Además de un análisis del impacto, en el informe se facilitan una serie de recomendaciones, que pasan por una reparación integral y urgente para San Fernando de Henares que combine restitución de viviendas, compensaciones económicas, apoyo en salud mental y garantías de no repetición, y que parta de un reconocimiento público de la responsabilidad institucional en lo ocurrido.
En este sentido, la principal va dirigida a la Comunidad de Madrid, a la que se reclama que haga un reconocimiento «público y formal» del daño, no solo material sino también de sus «consecuencias psicosociales y las pérdidas vitales».
Asimismo, reclaman un plan de reparación que responda «a las necesidades reales» de los afectados en cuanto a la restitución habitacional, la reparación de daños estructurales, las compensaciones económicas, el apoyo psicosocial y la recuperación comunitaria y cultural, y con especial atención a situaciones de vulnerabilidad.
Propone, además, «detener o mitigar» las afectaciones que continúan activas, ofreciendo condiciones habitacionales seguras y dignas para todas las familias afectadas, así como implementar medidas de salud pública que «reduzcan la exposición a polvo, ruido, vibraciones y riesgos estructurales, protegiendo así su bienestar físico y emocional».
