Vecinos afectados por la ampliación de la línea 7B de Metro de Madrid en San Fernando de Henares han denunciado este miércoles que la Comunidad de Madrid ha dejado de abonar este mes el pago del alquiler a 13 familias desalojadas de sus viviendas en 2022 debido a las obras del suburbano. Según han indicado, estas familias aún no han recibido indemnización y retomarán las movilizaciones.
En un comunicado, la Plataforma 7B Afectados por Metro ha señalado que en febrero la Comunidad «ha dejado de abonar el sustento para el alquiler» a 13 familias que fueron desalojadas el 11 de abril de 2022 y que, «tras tres años y ocho meses, aún no han recibido ninguna indemnización por parte de la administración madrileña».
«Esta acción supone dejar en la estacada a trece familias que no disponen de vivienda tras la demolición de sus hogares. Familias que ahora tendrán que hacerse cargo de unos alquileres prohibitivos tal y como está en el mercado de vivienda en nuestra región ante la falta de soluciones reales para hacerlo accesible a colectivos vulnerables como el nuestro y, en definitiva, a la mayoría social de Madrid», ha manifestado la plataforma.
El colectivo ha anunciado el inicio de «nuevas movilizaciones» y ha hecho un llamamiento a otros grupos sociales para sumarse en defensa de «la dignidad, la justicia y la reparación de todos los afectados».
Asimismo, han reclamado al Ejecutivo autonómico «que se mantenga el sustento básico destinado a los alquileres hasta que todas las personas afectadas hayan recibido su indemnización y se proceda al cierre definitivo de los Expedientes de Responsabilidad Patrimonial».
Los problemas a los que se enfrentan las familias afectadas por la L7B
Desde la plataforma han recordado que algunas familias continúan abonando cuotas hipotecarias de viviendas que fueron demolidas a causa de los daños derivados de las obras ejecutadas en la L7B de Metro, además de otros gastos que, según indican, siguen afectando a su economía. Entre ellos, mencionan el pago de impuestos relacionados con los solares donde se ubicaban las viviendas, que continúan siendo de su propiedad.
«Esta decisión implica que las familias afectadas tendrán que mantener o reubicarse de sus viviendas de alquiler actuales a otras opciones por sus propios medios económicos, lo que supone un perjuicio aún mayor para un colectivo castigado por la desidia e irresponsabilidad del gobierno de la Comunidad de Madrid», han señalado.
En este contexto, la plataforma ha indicado que el Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso dispone de «una amplia gama de herramientas administrativas y legales» para establecer un marco «que ponga verdaderamente en el centro a las familias afectadas y sus necesidades».
«No es aceptable ni razonable que, tras cinco años de experiencia acumulada desalojando y derribando viviendas en nuestro municipio, a principios del año 2026 se sigan realizando iniciativas que vulneran derechos como el del acceso a una vivienda digna», han añadido.
Las ayudas «han sido abonadas o serán abonadas en próximos días», asegura la Comunidad
Por su parte, la Comunidad de Madrid ha asegurado que «todas» las solicitudes de ayuda al alquiler que cumplen los requisitos «han sido abonadas o serán abonados en los próximos días». » Los expedientes que han completado correctamente el procedimiento administrativo se encuentran en fase de pago, previéndose su abono en los próximos días conforme a los plazos habituales», han indicado desde la Consejería de Transportes.
Desde el departamento dirigido por Jorge Rodrigo han precisado que, en los casos en los que no se ha efectuado el abono del alquiler, se debe a que se está tramitando el correspondiente Expediente de Indemnización por Responsabilidad Patrimonial, procedimientos en los que la Administración «continúa avanzando».
Según los datos facilitados, hasta el momento se han abonado 84 indemnizaciones, con una inversión total de 12 millones de euros por parte del Ejecutivo autonómico. «El Gobierno regional mantiene su compromiso con la atención a las personas afectadas, la agilización de los procedimientos y la resolución de los expedientes pendientes», han concluido.
