El comité de crisis convocado por el Ministerio de Igualdad ha analizado nueve feminicidios registrados en junio y julio, y sus conclusiones confirman lo que la perspectiva de género lleva años señalando.
Que el crimen machista no es un estallido repentino ni imprevisible. Es la culminación de un proceso continuado de control, coacción y violencia que, en la mayoría de los casos, permanece invisible para el sistema hasta que es demasiado tarde.
De los nueve casos estudiados, solo en uno existía denuncia previa contra el agresor. Este dato, lejos de indicar ausencia de violencia, confirma las barreras —materiales, emocionales y de dependencia económica— que atraviesan a las mujeres en contextos de violencia de género. Y estos mismos explican por qué la mayoría de las víctimas nunca llegan a denunciar.
La ruptura de la relación, detonante de la agresión
En siete de los nueve casos, además, víctima y agresor convivían en el momento del crimen. Una circunstancia que sitúa el hogar, presunto espacio de seguridad, como el escenario más frecuente de la violencia machista letal.
El comité constata también que cuatro de los nueve crímenes se produjeron en fase de ruptura de la relación, siendo el momento de mayor riesgo vital para el estallido de la agresión mortal. Precisamente, cuando el agresor percibe la pérdida de control sobre la víctima.
Como consecuencia de estos nueve crímenes, ocho menores quedaron huérfanos. Y en cuanto al destino de los agresores, dos terminaron con su vida y tres intentaron suicidarse tras cometer el feminicidio.
Entre las recomendaciones del comité esta el cambio de mirada de jueces y policía ante la decisión de la víctima de retirar la denuncia, porque esta no la toma en libertad sino en un contexto de violencia.
Atención a la retirada de denuncias
Entre las conclusiones, el comité subraya la necesidad de que los entornos de la víctima —familiares, amistades, vecindario, ámbito laboral— actúen con proactividad y trasladen cualquier indicio de violencia a las autoridades competentes. Todo ello sin esperar a que sea la propia mujer quien denuncie.
Reclama además un cambio de mirada judicial y policial. Es decir, que tengan en cuenta que cuando una víctima pide retirar una denuncia o una orden de alejamiento, esa decisión no se realiza desde un acto de libertad plena. Ambos organismos deben entender que dicha decisión se produce dentro de una relación de control propia de la violencia de género.
Por ello, debe primar, señala el comité, la persecución de quien delinque y la protección de quien sufre la violencia. Muy al contrario de la lectura literal de una petición que está condicionada por el maltrato.
Revisar los procesos de familia
Además, el documento final elaborado por el Comité de Crisis contra la Violencia de Género identifica también la dependencia emocional y económica. Ambos los califica como factores determinantes cuando hay hijos e hijas de por medio. Por ello, plantea estudiar un acompañamiento específico para los menores huérfanos que evite la reproducción intergeneracional de los roles de víctima y agresor.
A ello suma la necesidad de revisar las conformidades en los procedimientos de violencia de género y los mutuos acuerdos en procesos de familia cuando media violencia. De la misma manera que pide evitar el archivo inmediato de los casos en los que el agresor se suicida. Con ello, se evitaría bloquear el acceso de las víctimas y sus familias a las ayudas y recursos disponibles.
Por último, el comité de crisis tiene previsto reunirse próximamente con representantes de Andalucía para analizar en profundidad los casos registrados en esa comunidad. Su intención es poner especial atención a la provincia de Málaga, donde se han concentrado varios de los sucesos más graves de los últimos meses.