El empresario aeronáutico, Francisco Gayà, ha presentado ante el juzgado número 26 de Madrid una querella ampliada contra Madrid Network y seis de sus directivos, en la que solicita que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y sus predecesores en el cargo declaren como testigos.
Según informa elDiario.es, el escrito les atribuye delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude de subvenciones, estafa agravada, cohecho o exacción ilícita, organización criminal y blanqueo de capitales.
Además de Ayuso, la querella pide la comparecencia de Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes, Ángel Garrido y Pedro Rollán, a quienes el empresario reprocha haber bloqueado siempre la transparencia sobre la actividad del organismo. También reclama el testimonio de quienes ocuparon la Consejería de Economía y Hacienda durante esos años, es decir, Antonio Beteta, Percival Manglano, Enrique Osorio, Engracia Hidalgo, Manuel Giménez Rasero, Javier Fernández-Lasquetty y Rocío Albert.
Financiación de préstamos para proyectos empresariales
Madrid Network nació bajo el Gobierno de Esperanza Aguirre y gestionó más de 80 millones de euros procedentes de la Unión Europea, que la Administración General del Estado le transfirió para financiar mediante préstamos proyectos empresariales de innovación. La acción judicial se dirige también contra los cargos y funcionarios del Partido Popular que, según Gayà, colaboraron en los hechos denunciados.
El núcleo de la acusación es un supuesto sistema de comisiones. Según la querella, Madrid Network cobraba a las empresas beneficiarias un 6% de cada uno de los tres tramos en que se desembolsaban los préstamos. Ese pago no aparecía en el contrato original, sino en una adenda que se añadía más tarde, justo cuando estaba previsto el primer desembolso, algo que a juicio del querellante constituye un engaño y haría nulo el contrato. El dinero se justificaba como pago por servicios de asesoría y gestión.
El empresario calcula que esas comisiones podrían superar los cinco millones de euros en el conjunto de los préstamos. Sostiene que se habrían destinado a pagar los salarios de personas cercanas al PP que trabajaban en el organismo, entre ellas la propia Ayuso, que según el escrito se encargaba entonces de la comunicación de la entidad.
El empresario aeronaútico denuncia que Madrid Network emitía facturas falsas por servicios que su empresa no podía realizar.
Primer avión autónomo de Europa
Gayà es el fundador de Flightech Systems, la compañía que construyó el primer avión matriculado en Europa capaz de volar sin intervención humana. Su empresa obtuvo un préstamo de 1,5 millones de euros de Madrid Network, para el que él aportó avales personales. El acuerdo, según su versión, era sustituir esas garantías por el propio avión, valorado en 2,6 millones, una vez que la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) concediera todos los permisos de vuelo, lo que finalmente ocurrió.
Madrid Network, sin embargo, no liberó los avales de la familia Gayà. En lugar de eso, añadió la aeronave como garantía adicional, de modo que el empresario quedó atado por partida doble. La querella sostiene que los directivos actuaron «abusando de su posición dominante» y utilizaron poderes de representación que les había otorgado el propio empresario para firmar una escritura en nombre de las dos partes a la vez.
Esa ampliación de garantías tuvo, según el texto, un fin «puramente cosmético e institucional» para aparentar una buena gestión del crédito. El resultado fue que la compañía acabó en concurso de acreedores.
Facturas falsas
El escrito añade que Madrid Network emitió facturas falsas por servicios que ni Gayà ni su empresa recibieron y que, además, el organismo no estaba en condiciones de prestar por desconocer el sector aeronáutico. El plan de viabilidad de Flightech descansaba en la contratación de sus aviones contra incendios por los bomberos de la Comunidad de Madrid, un objetivo que, según la querella, la entidad no ayudó a cumplir.
La causa ya tuvo un primer recorrido. La jueza Concepción Jerez archivó provisionalmente una querella anterior al considerar que no estaba suficientemente fundada y que el conflicto debía resolverse por la vía civil. Gayà recurrió esa decisión y ahora pide que se revoque el archivo y se practiquen nuevas diligencias.
Una gestión fraudulenta
Su defensa argumenta que, al tratarse de fondos europeos de naturaleza pública, su gestión fraudulenta no puede dirimirse en lo civil, y que los directivos ejercían funciones públicas aunque formalmente no fueran empleados públicos. Por ese mismo motivo, solicita que se dé cuenta del caso a la Fiscalía Europea.
La querella llega después de años en los que el Gobierno regional ha negado a la Asamblea de Madrid la información sobre el destino de esos 80 millones, pese a que la normativa de transparencia obliga a facilitarla.