El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha cargado esta mañana contra Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al que ha calificado de «delincuente». El ministro ha aprovechado, además, para reclamar al PP la dimisión de éste por defender a «un particular» y «falsear los hechos».
Puente ha llamado al jefe de gabinete de Ayuso «delincuente condenado por sentencia firme», después de que este miércoles dijera en la puerta del Tribunal Supremo que el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, iría «p’alante».
«Su historial ya lo conocíamos, ayer salió diciendo que el fiscal general del Estado tiene que ir p’alante y a mí, desde la óptica de un hombre de derecho como soy yo, ver a un delincuente condenado por sentencia firme decir que el fiscal general del Estado, que es el que persigue a los delincuentes, tiene que ir p’alante, sinceramente, se me abrían las carnes», ha declarado Puente.
En este sentido, ha criticado que Rodríguez, en su cargo como jefe de gabinete de Ayuso, «intervenga en asuntos de un particular» aunque «fuese un secreto a voces», y que le parece «gravísimo» que en una «democracia sana» no haya dimitido.
«Ayer quedó en evidencia absolutamente que alguien presuntamente cometió un delito y que desde las instituciones se le intentó ayudar«, ha añadido, en referencia a los dos delitos reconocidos por el novio de Ayuso, Alberto González Amador. En opinión del ministro, se le ha intentado defender «falseando la realidad y filtrando correos electrónicos».
Al hilo, ha lamentado que «se esté persiguiendo injustamente» a García Ortiz por «simplemente intentar contrarrestar una mentira y una previa filtración» y ha recalcado que le parece «inconcebible» que Rodríguez «trabaje para un mero particular que no tiene ninguna connotación pública ni política».
Pedido el volcado del móvil de Miguel Ángel Rodríguez ver contradicción con otro testigo
Al hilo de la declaración que ayer efectuó Miguel Ángel Rodríguez en el Tribunal Supremo, hoy se ha sabido que los abogados del Estado que defienden al fiscal general han vuelto a solicitar que se copie el contenido del teléfono móvil del jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Los letrados fundamentan esta petición al apreciar una contradicción entre su declaración y la de otro testigo, si bien el magistrado lo ha descartado a la espera de revisar las declaraciones y recibir nueva documentación.
Rodríguez y dos periodistas declararon el miércoles como testigos y este jueves ha sido el turno de los otros seis informadores citados a petición de los Servicios Jurídicos del Estado, en el marco de la causa donde se investiga la presunta filtración contra el novio de Díaz Ayuso, Alberto González Amador.
Según fuentes jurídicas consultadas, un periodista de eldiario.es ha declarado este jueves que, antes de que se publicara la noticia del 12 de marzo donde el medio informó de la existencia de una investigación contra González Amador por presuntos delitos fiscales, se puso en contacto con Rodríguez la noche del 11 de marzo a través de varias llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, pero que no logró hablar con él.
Los abogados del Estado, de acuerdo con las citadas fuentes, han sostenido que esta declaración contradice la prestada por el jefe de gabinete de Díaz Ayuso en este extremo, ya que –han aducido– Miguel Ángel Rodríguez habría manifestado que eldiario.es no contactó con él antes de publicar dicha noticia. Otras fuentes conocedoras de la declaración de ‘MAR’ precisan que dijo que no recordaba que le hubieran llamado.
Los Servicios Jurídicos del Estado, argumentando que había una contradicción entre ambos testimonios, han insistido en pedir a Hurtado que ordene copiar el contenido del teléfono de Rodríguez para conocer los mensajes y llamadas que pudo intercambiarse los días clave de la presunta filtración, del 8 al 14 de marzo.
Sin embargo, como ya hiciera el miércoles, el instructor ha rechazado la petición de la Abogacía del Estado, pero a la espera de dos cosas: por un lado, que el periodista, tal y como se ha comprometido a hacer, entregue un pantallazo de los mensajes de WhatsApp que dice que envió a Rodríguez la noche del 11 de marzo y, por otro, de revisar las declaraciones testificales.
En cuanto a los demás informadores, las fuentes jurídicas apuntan que las partes, sobre todo la Abogacía del Estado, se han interesado por cuándo recibieron la información, de quién y cómo la elaboraron, si bien los periodistas se han acogido a su derecho a no revelar sus fuentes, contestando únicamente a aquellas preguntas que no afectaban al secreto profesional.
