La Comunidad de Madrid ha pedido al Gobierno central que revise con urgencia y a fondo VioGén, el sistema de seguimiento protección a las mujeres víctimas de violencia de género, del que es responsable el Ministerio del Interior. El Ejecutivo regional apoya su petición en que de las ocho mujeres asesinadas en la región en el último año, cuatro estaban registradas en el sistema con una valoración de riesgo baja.
La reclamación se trasladó este viernes en la reunión del Observatorio Regional de la Violencia de Género, presidida por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, y en la que participó también la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila.
En entredicho el criterio de clasificación de víctimas
García Martín puso el foco en cómo clasifica el sistema a las víctimas. Según explicó, de los 12.851 casos activos, solo 132, “el 1 %”, tienen asignado un riesgo alto o extremo, los dos únicos niveles en los que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantienen una vigilancia sobre la víctima. Frecuente y aleatoria cuando el riesgo es alto, y permanente cuando es extremo.
Para Dávila, el problema está en las herramientas con las que se mide ese riesgo. La consejera defendió que es necesario analizar en profundidad los cuestionarios que se usan para valorar cada caso, que, según subrayó, “aún no se han actualizado”. Lo mismo con los algoritmos del sistema. También alertó de la falta de medios humanos ya que en España, según aportó, hay de media un agente por cada 100 expedientes.
Fallos en pulseras antimaltrato
Las críticas del Gobierno regional alcanzan además a las pulseras antimaltrato. El año pasado se detectaron en la región 40 posibles fallos en estos dispositivos. Desde entonces, el Observatorio ha enviado cinco escritos a distintos ministerios para pedir que se sustituyan, advertir del colapso de los juzgados especializados en violencia contra la mujer y reclamar la revisión de los protocolos de valoración del riesgo.
La Comunidad recordó también que la Abogacía General regional se ha personado ya en 80 procesos judiciales por asesinatos de mujeres madrileñas a manos de sus parejas o exparejas. Una vía que está ahora en disputa ya el Gobierno central ha presentado recientemente un recurso de inconstitucionalidad para impedir que el Ejecutivo autonómico ejerza la acusación popular que recoge el artículo 125 de la Constitución.