desalojo acampada de Sol
Una de las zonas de la Puerta del Sol con la acampada por el derecho a la vivienda. Olga Magistris / NPM

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) no permitirá, por ahora, desalojar la acampada que permanece desde el pasado 27 de septiembre frente a la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol. La Sala ha rechazado la medida cautelarísima con la que la Comunidad de Madrid pretendía forzar su disolución inmediata.

En su auto, la Sección Sexta reconoce que sí existen circunstancias de especial urgencia, pero considera que no puede acordar el desalojo sin dar audiencia antes a la Administración General del Estado (AGE), sobre todo para comprobar si se cumplen los requisitos legales que permitirían apreciar una posible inactividad de la Delegación del Gobierno.

desalojo acampada de Sol
Acampada en la Puerta del Sol por el derecho a la vivienda. NPM

Vía ordinaria

El asunto seguirá ahora su curso por la vía ordinaria, en una pieza separada que el tribunal ha abierto para tramitarlo, según recoge el auto..

El Gobierno regional, cuya sede es precisamente el edificio ante el que se levanta la acampada, había pedido al TSJM que ordenara al delegado del Gobierno adoptar las medidas necesarias para disolverla. A su juicio, la concentración no cumple los requisitos que establece la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión.

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Un imagen de la Puerta del Sol donde están acampados los manifestantes por el derecho a la vivienda. Olga Magistris / NPM.

Del contencioso al TSJM

El asunto correspondió a la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, formada por cinco magistrados y presidida por Cristina Cadenas. El viernes llegó allí desde el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 14 de Madrid, cuya titular se declaró sin competencia objetiva para resolver el recurso y lo envió al TSJM para que se pronunciara tras la consulta con las partes.

Así, la Comunidad de Madrid, la Fiscalía y la Abogacía del Estado coincidieron en que la decisión debía tomarla el tribunal superior.

El delegado del Gobierno, Francisco Martín, se opuso al desalojo de la acampada, alegando el derecho de reunión, el mismo que ha empleado el alto tribunal para decidir.

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