El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) podría pronunciarse hoy sobre la petición de la Comunidad de Madrid para desalojar de forma inmediata la acampada por la vivienda de la Puerta del Sol. Algunas fuentes jurídicas hablan de la posibilidad de que el tribunal resuelva este lunes por la mañana, primero sobre su propia competencia y después sobre el fondo de la petición, aunque, de momento, el TSJM no ha anunciado oficialmente ninguna fecha.
El asunto corresponde a la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, formada por cinco magistrados y presidida por Cristina Cadenas. El viernes llegó allí desde el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 14 de Madrid, cuya titular se declaró sin competencia objetiva para resolver el recurso. La Comunidad de Madrid, la Fiscalía y la Abogacía del Estado coincidieron en que la decisión debía tomarla el tribunal superior.
La ley da al órgano competente 48 horas para decidir sobre las medidas cautelarísimas, que se adoptan por urgencia y sin escuchar antes a la otra parte. Un plazo que empieza a contar cuando el asunto llega al tribunal competente. Además, las partes tienen además diez días para comparecer ante el TSJM, un trámite distinto de la decisión sobre la medida urgente.
Escuchar a la parte afectada
Si el tribunal aprecia una urgencia especial y ordena el desalojo, la decisión tendría efectos inmediatos. Al haberse adoptado sin oír a la parte afectada, el tribunal debería concederle después tres días para presentar alegaciones o convocar una comparecencia.
Por su parte, la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, respondió el sábado a la posibilidad del desalojo en una comparecencia ante los medios tras la manifestación por la vivienda. A su juicio, si el Ayuntamiento o la Comunidad «creen que un desalojo acabará con la protesta, demuestran que no entienden lo que está ocurriendo». Racu habló de una «desconexión entre la realidad de las calles y lo que ven desde sus despachos y sus áticos de lujo». También advirtió de que, si confían en que la violencia policial ponga fin a la movilización, «realmente no han visto nada de los últimos 8 días».
48 horas para disolver la acampada
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso presentó el jueves un recurso contencioso-administrativo contra lo que considera la inactividad del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Antes le había dado un plazo de 48 horas para disolver la acampada.
La Comunidad sostiene que la protesta excede los límites constitucionales y legales del derecho de reunión y alega que afecta a dos Bienes de Interés Cultura como la Real Casa de Correos y la escultura del Oso y el Madroño. La Delegación del Gobierno, por su parte, defiende que la acampada está amparada por el derecho de reunión.
Comunidad y Ayuntamiento alegan que la acampada excede los límites constitucionales y legales, mientas que Delegación de Gobierno defiende que está amparada por el derecho de reunión.
Mientras se espera la decisión judicial, la acampada ha pasado su novena noche y ya desborda la plaza por las calles de Preciados y Arenal con 1.248 tiendas según cifras aportadas por el Sindicato de Inquilinas.
La protesta nació el 26 de septiembre, tras el desahucio de Maricarmen, vecina del Retiro de 87 años. El sábado reunió en Madrid una manifestación de 70.000 personas según la Delegación del Gobierno y de 500.000 según el Sindicato de Inquilinas. Esa misma noche, la policía detuvo en la calle de la Montera a tres ultraderechistas que intentaban llegar a la acampada tras una concentración convocada por Indignados por España y secundada por Núcleo Nacional y Democracia Nacional.