El desalojo de La Casika, uno de los centros sociales autogestionados más veteranos de la Comunidad de Madrid, ha quedado temporalmente paralizado. El lanzamiento estaba previsto para este martes 6 de octubre, pero los responsables del espacio recibieron el pasado viernes la comunicación judicial de que el procedimiento quedaba suspendido hasta nuevo aviso.
La decisión abre un nuevo escenario para el histórico inmueble de la calle Montero de Móstoles, que permanece ocupado desde 1997 y cuya continuidad se ha convertido en uno de los principales conflictos sociales y políticos de las últimas semanas en el municipio.
Según ha explicado uno de los abogados, la paralización responde a una cuestión procesal y permitirá presentar nuevos recursos. La defensa considera que el aplazamiento puede prolongarse durante unos meses, aunque no supone el final del procedimiento ni garantiza que el desalojo no vuelva a ser fijado.
La suspensión se conoció un día antes de la manifestación convocada en Móstoles contra el lanzamiento. La marcha recorrió el municipio este sábado y, según los organizadores, reunió a unas 3.000 personas. Desde La Casika valoraron el aplazamiento como una oportunidad para seguir trabajando en la defensa del espacio, aunque asumieron que la amenaza de desalojo continúa abierta.
Tiempo para recurrir
La principal consecuencia de la decisión judicial es que La Casika gana tiempo. La defensa pretende utilizarlo para plantear recursos relacionados tanto con la situación del centro social como con la posibilidad de preservar el edificio.
Entre los argumentos que se quieren explorar figura la protección patrimonial del inmueble, de características vinculadas a la arquitectura neomudéjar. La defensa sostiene que la aplicación del planeamiento urbanístico podría terminar provocando su derribo y reclama que se tenga en cuenta el valor arquitectónico del edificio.
A esta cuestión se suma el valor social que, según sus responsables, ha adquirido La Casika durante sus casi tres décadas de actividad. El inmueble ha acogido conciertos, talleres, reuniones, asambleas y actividades de diferentes colectivos sociales y culturales de Móstoles.
El Ayuntamiento ya rechazó estudiar su protección
El aplazamiento judicial se produce pocos días después de que el Pleno del Ayuntamiento de Móstoles rechazara una moción de Más Madrid-Móstoles relacionada con La Casika.
La propuesta planteaba reconocer la trayectoria social y cultural del centro, defender los espacios de organización autónoma y estudiar fórmulas para preservar el inmueble, incluida su posible protección patrimonial. La iniciativa fue rechazada con los votos del PP y Vox, mientras que el PSOE se abstuvo y Más Madrid-Móstoles y el Grupo Mixto votaron a favor.
El debate municipal puso así sobre la mesa dos cuestiones que ahora vuelven a cobrar importancia: el futuro urbanístico del edificio y el papel que puede desempeñar La Casika como espacio social y cultural dentro del casco antiguo de Móstoles.
El Gobierno municipal defendió durante aquel debate la necesidad de respetar la legalidad y los derechos de propiedad, mientras que los grupos que respaldaron la moción pusieron el foco en la trayectoria del centro y en las características arquitectónicas del inmueble.
Un desalojo aplazado, no suspendido definitivamente
La nueva situación no significa que el procedimiento haya terminado. La propia defensa reconoce que el desalojo podría volver a plantearse en los próximos meses.
Desde La Casika, sin embargo, el aplazamiento se interpreta como un nuevo margen para continuar con su actividad y preparar la respuesta jurídica. En el comunicado difundido tras conocerse la decisión, sus responsables reivindicaron las tres décadas de historia del espacio y su papel como lugar de encuentro de colectivos sociales de Móstoles.
La manifestación del sábado sirvió precisamente para escenificar ese respaldo. A la marcha se sumaron organizaciones sindicales, colectivos de vivienda y otros centros sociales de Madrid y del sur de la región.
La situación queda ahora pendiente de la evolución del procedimiento judicial y de los recursos que pueda presentar la defensa. Mientras tanto, La Casika seguirá abierta y el debate sobre su futuro continuará también en el ámbito municipal, donde hace apenas unos días el Pleno rechazó una iniciativa destinada a explorar alternativas para su continuidad.