El Partido Popular propondrá en el Pleno de la Asamblea de Madrid del próximo jueves la creación de una comisión de estudio sobre la ‘ley de nietos’ y lo que considera una alteración de los censos electorales. Así lo ha anunciado su portavoz en la Cámara, Carlos Díaz-Pache, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en la que ha explicado que, si la propuesta sale adelante, los trabajos empezarán a partir de esa sesión.
La iniciativa llega después de que el Tribunal Supremo haya suspendido de forma cautelar el voto y las nuevas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), salvo en el caso de personas con la condición de exiliadas acreditada.
«Una alteración en el resultado electoral»
Según Díaz-Pache, la comisión servirá para escuchar a expertos que puedan medir la incidencia de esa ley y de las instrucciones que, a su juicio, ha dictado el Gobierno de Pedro Sánchez para ampliarla. El portavoz popular sostiene que estas medidas permiten incorporar “fraudulentamente” a miles o incluso cientos de miles de personas a los censos, lo que podría provocar “una alteración en el resultado electoral”.
En su opinión, se pretende incluir a nietos y bisnietos de personas que no tienen ningún vínculo con España y que se marcharon del país por motivos que, según ha afirmado, no tenían “nada absolutamente político”. Por eso, ha defendido que el análisis se haga “con luz y taquígrafos”.
Para los populares madrileños, las medidas que incorpora la ‘ley de nietos’ permite incorporar «fraudulentamente» a miles de personas en los censos.
Conclusiones en febrero
El PP prevé celebrar las comparecencias durante noviembre y diciembre y aprovechar enero, mes inhábil en la Cámara, para redactar el dictamen, de modo que las conclusiones puedan presentarse en febrero. El trabajo no estará terminado antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, aunque Díaz-Pache confía en que para entonces ya se sepa “por dónde van los tiros”.
La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, ha advertido de que el PP plantea un debate “peligroso”, porque supone quitar un derecho a una persona española por el simple hecho de no residir en España. A su juicio, hay que andar “con pies de plomo”, porque si se abre esa espita “pueden venir curvas muy peligrosas para el futuro”.