Isabel Díaz Ayuso anunció durante el Debate del Estado de la Región (DER) que su Gobierno recurrirá ante la Junta Electoral Central para que la residencia, y no el «arraigo», sea el único criterio admitido a la hora de sumar nuevos votantes al censo madrileño a través de la ley de nietos.
La presidenta regional planteó esta medida tras conocerse que el Tribunal Supremo ha paralizado cautelarmente el derecho a voto de quienes, estando ya inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes, obtuvieron la nacionalidad española por esta vía. Una medida que no se aplicará a quienes sí puedan demostrar que algún familiar sufrió el exilio.
Acreditar domicilio en la región madrileña
El Gobierno regional quiere que la Junta Electoral envíe ahora una instrucción a las oficinas consulares con un criterio único. Dicho criterio se basaría en inscribir en el censo madrileño a quien acredite documentalmente haber tenido en Madrid su última residencia, tal y como establece el Estatuto de Autonomía.
Con esta petición, la Comunidad busca dejar sin efecto el concepto de «mayor arraigo», contemplado en un acuerdo anterior de la propia Junta Electoral sobre la ley de nietos, al que califica de «indeterminado». Según el Ejecutivo autonómico, ese criterio permitiría al Gobierno central «manipular estas cifras aplicando esta normativa», en lo que consideran una «ilegal alteración del censo electoral».
El término «mayor arraigo» podría ser, según el Gobierno de Ayuso, podría ser una fórmula de «ilegal alteración del censo electoral».
Un grupo de trabajo para investigar la ‘Ley de nietos’
La Comunidad de Madrid lleva meses con un grupo de trabajo dedicado en exclusiva a vigilar la aplicación de la ley de nietos. Dicho equipo está formado por juristas, exdiplomáticos y especialistas en procesos electorales, voto exterior y análisis de datos.
Ese equipo prepara posibles acciones judiciales, hace seguimiento de los expedientes en tramitación y ha desplegado voluntarios en los países donde el Gobierno central ha acelerado los procesos y reforzado personal en Argentina, México, Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Reino Unido. Además, se encarga de revisar los contratos de externalización de estos trámites, entre ellos el firmado con Tragsatec.