A mediados de octubre la Audiencia Provincial de Madrid obligó al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Collado Villalba a reabrir una causa contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por las muertes de usuarios de una residencia de ancianos en la primera ola de la pandemia del Covid-19.
En su auto, dicho tribunal acepta el recurso interpuesto por una familia afectada, archivado en primera instancia, y acuerda con la Audiencia que continúe la investigación para esclarecer lo que pasó en la primera ola del coronavirus, sobre todo en torno a los protocolos de derivación de pacientes a los hospitales.
De hecho, hace dos semanas, ya llamó a declarar como testigos a quien firmó los protocolos, Carlos Mur, al ex consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, y a la ex directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, como parte de la investigación de esta querella dirigida contra Ayuso y sus dos consejeros.
En Ciudad Lineal
Ahora, según ha adelantado la Cadena Ser, la Audiencia Provincial, en otro auto del pasado 25 de octubre, le dice al Juzgado de Instrucción número 50 que tiene que investigar si la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso y dos de sus consejeros durante la pandemia, el de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el de Justicia e Interior, Enrique López.
Este juzgado había investigado la posible responsabilidad penal en el fallecimiento de siete mayores que murieron en la residencia Amavir Ciudad Lineal de la capital sin ser derivados al hospital Ramón y Cajal.
Sin embargo, había cerrado las investigaciones, desestimando la querella de siete familias, el pasado mes de abril. Las familias recurrieron entonces ante la Audiencia Provincial que ahora le dice a la magistrada de ese juzgado que investigue y argumente si hay o no indicios de criminalidad en las decisiones que aplicaron estos tres políticos en aquella primera ola de la pandemia.