El Ayuntamiento de Getafe aprobó hace unos días una propuesta en el Pleno municipal para solicitar a la Fiscalía de Madrid la reapertura de todos los casos anteriormente archivados para que «se cumplan los estándares de derechos humanos sobre exhaustividad y eficacia que permitan el esclarecimiento de las circunstancias de los miles de muertes en residencias».
Se trata de averiguar hasta qué punto los conocidos como «protocolos de la vergüenza» -que impedían sacar a mayores enfermos de Covid de las residencias para llevarlos a los hospitales- habrían contribuido a estas defunciones.
Las diversas asociaciones y colectivos de la región calculan que, debido a la aplicación de estos protocolos, hasta 7.200 personas habrían fallecido aquellos meses en los centros residenciales de la región.
En esta misma línea, la presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha envidado una carta a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, para solicitar la reapertura de la investigación de casos de los fallecidos en residencia residencias durante el punto álgido de la pandemia del Covid-19.
Según el escrito, la asociación asegura que el hecho de que muchos ancianos murieron estos meses en los geriátricos «sin atención y con orden explícita de no trasladarlos a los hospitales» es «un delito, de denegación del deber de asistencia y discriminación por edad y discapacidad».
«Esto pasados los años sigue sin justicia. La ley y la Constitución española son muy claras: no se puede dejar morir a la personas sin atención. Muchas sentencias en este sentido de las que no parece hacerse eco usted lo demuestran», señala Flores.
«Una urgente acción»
La presidenta de la asociación asegura que en la reunión que mantuvo hace tiempo con Lastra le dijo: «Carmen, váyase tranquila». «Pues no. No esto tranquila porque los que posibilitaron este ‘genocidio’ están tan tranquilos y muy seguros de que la justicia no hará nada. Tienen esa preferencia a diferencia de los que si hiciéramos algo así estaríamos en la cárcel», ha indicado.
Por ello, Carmen Flores ruega a la fiscal madrileña que tome en consideración «lo que debe ser una urgente acción» como entienden que es su deber «como defensora del cumplimiento de la ley, sea quien sea quienes la incumplen».
Dicha solicitud, añaden en la misiva, está fundamentada en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, «que obliga a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieran noticia en algún delito público y por ello tenemos que denunciarlo inmediatamente al Juez o al Fiscal».