La titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid ha acordado el archivo provisional de la causa abierta contra el jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, por un presunto delito de revelación de secretos al considerar que no existen indicios suficientes de la comisión de ese delitos. El caso estaba relacionado con la difusión de información sobre dos periodistas,
En un auto, la magistrada concluye que no hay indicios suficientes de un delito de revelación de secretos por la difusión de los nombres y una fotografía de dos periodistas de ‘El País’ en un chat con medios de comunicación.
La jueza Raquel Robles González señala que, tras la instrucción practicada, «no han quedado suficientemente acreditados los hechos imputados» y acuerda el archivo provisional de la causa al amparo del artículo 641.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El procedimiento se inició a raíz de una denuncia presentada por el PSOE y de una querella interpuesta por Ediciones El País y los dos periodistas afectados. Los denunciantes sostenían que Miguel Ángel Rodríguez pudo haber cometido un delito de revelación de secretos tras remitir, en marzo de 2024, un mensaje acompañado de una fotografía de ambos reporteros a un chat de medios de comunicación, en el que les acusaba de acosar a los vecinos de la presidenta madrileña. Asimismo, mantenían que los datos difundidos procedían de agentes de la Policía Nacional encargados de la escolta de la presidenta regional.
El origen de las fotografías de los periodistas
La investigación tenía como objetivo determinar el origen de los datos personales y de la fotografía difundidos, así como comprobar si su divulgación podía haber vulnerado la normativa de protección de datos y el derecho a la intimidad de los periodistas.
La resolución se produce después de que declarara como testigo del novio de Ayuso, Alberto González Amador, quien respaldó la versión ofrecida por Miguel Ángel Rodríguez sobre la difusión de los datos personales de los dos periodistas.
Durante su declaración, el jefe de Gabinete explicó que fue González Amador quien le reenvió una imagen de los periodistas facilitada por «un vecino» molesto. Tras esa declaración, la jueza acordó la comparecencia de González Amador para aclarar cómo se produjo la transmisión de esa información.
Después de analizar las pruebas practicadas, la magistrada concluye que no ha quedado acreditado que los nombres, apellidos o la imagen de los periodistas procedieran de información facilitada por agentes policiales.
Por el contrario, considera acreditado que la fotografía fue enviada por un vecino del edificio y que Miguel Ángel Rodríguez ya conocía la identidad de ambos periodistas por su actividad profesional y por haber mantenido encuentros con ellos. Además, señala que tanto sus nombres como sus fotografías estaban publicados en el periódico para el que trabajan.
En la misma resolución, la magistrada también desestima las diligencias solicitadas por la acusación, entre ellas el análisis del teléfono móvil de Miguel Ángel Rodríguez, la solicitud de las comunicaciones mantenidas entre este y Alberto González Amador y la declaración de varios responsables policiales, al considerar que esas actuaciones no eran necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados.
