Los dos principales partidos de la oposición en la Comunidad de Madrid, Más Madrid y PSOE, han anunciado su intención de personarse como acusación particular en el caso del presunto fraccionamiento de las obras realizadas en centros de Formación Profesión (FP) de la región.
Según ha adelantado este martes ‘eldiario’, el juzgado de instrucción número 36 de Madrid investiga presuntos delitos de prevaricación en varias adjudicaciones. El proceso pasaba por dividir una obra en contratos menores de 50.000 euros e independientes entre sí para poder así elegir al constructor, acortar los plazos y evitar una mesa independiente de contratación y la fiscalización posterior. El presunto fraccionamiento de obras públicas alcanzaría a «10 centros».
«Nuestros servicios jurídicos están estudiando la forma de personarnos en el caso como acusación particular al ser nosotros quienes presentamos más de 300 contratos ante la Fiscalía», ha indicado la líder de Más Madrid, Manuela Bergerot.
En julio este partido reclamaba un Pleno extraordinario para tratar lo que calificaban de «caso FP» con presunto fraccionamiento de 3,7 millones de euros en contratos de 40.000 euros para que no tuvieran «expediente público», especialmente en el Instituto de Educación Secundaria y Formación Profesional Antonio Machado (Alcalá de Henares) y el Instituto de Educación Secundaria Ciudad Escolar (Madrid).
Para Bergerot, la forma de administrar las infraestructuras educativas con los gobiernos de Ayuso es «materia de juzgado» y ahora «falta de Ossorio, Albert y Ayuso den explicaciones porque sus gestores las van a tener que dar ante la Justicia».
El PSOE, acusación particular en el caso de los contratos «a dedo» de centros de FP
El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Jesús Celada, también se ha pronunciado y ha anunciado este martes que su partido se personará como acusación particular en el caso de los contratos «a dedo» de centros de Formación Profesional cuando la Consejería de Educación estaba dirigida por Enrique Ossorio, hoy presidente de la Asamblea, y Rocío Albert, actual consejera de Hacienda, era viceconsejera.
En declaraciones a los medios antes de asistir al 16 Congreso Regional de UGT Madrid, Celada ha calificado de «escándalo» este caso, que «descubre que la política del PP consiste en entregar a dedo la construcción de los centros de Formación profesional en Madrid siempre a un grupo de empresas muy concreto», ha resumido el portavoz. «Esto pone de manifiesto que el PP es experto en trocear contratos», ha resaltado.
En este sentido, el portavoz socialista en la Cámara de Vallecas ha avanzado que el PSOE se personará como acusación particular. Para Celada, se trata de «la punta del iceberg de 30 años de política de un gobierno del PP en la Comunidad de Madrid», un caso «escandaloso de supuesta corrupción» que desde el PSOE «perseguirán políticamente como es debido».
Al hilo, ha recalcado que pedirán tanto a Ossorio como a Albert y a Viciana explicaciones para averiguar desde cuándo se está aplicando esta política, si sigue en la actualidad y qué empresas son las que han sido las beneficiarias «de este sistema de supuesta corrupción».
Posibles «irregularidades» destapadas por la actual Consejería
El llamado ‘caso FP’ comenzó con una investigación encargada por el actual consejero de Educación, Emilio Viciana, tras recibir una denuncia de un empresario al que se le debía 1 millón de euros.
Fue en marzo de 2024 cuando la Consejería presentó un informe a la Fiscalía Provincial de Madrid en relación con posibles irregularidades en la contratación de obras en dos edificios de FP del complejo Ciudad Escolar de Madrid.
Posteriormente, trasladó tres informes adicionales sobre proyectos en Alcalá de Henares, derivados de una auditoría promovida por la Consejería y realizada por la Intervención General de la Comunidad de Madrid. Estos informes detectaron «un fraccionamiento de la obra en contratos menores», lo cual «podría ser constitutivo de delito», motivo por el que se dio traslado a la Fiscalía Provincial.
A la vista de estos hechos, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades informaba de que pondría en marcha «una revisión de todas las obras de gran envergadura en edificios de Formación Profesional de los últimos cuatro años», para comprobar «si ha habido irregularidades similares y adoptar las medidas oportunas».
«Estos hechos objeto de investigación no deben manchar el buen nombre de la comunidad educativa, ni de la mayoría de empresas, que hacen una gran labor en todas las obras necesarias para nuestras infraestructuras educativas, desde pequeñas reparaciones hasta la construcción de nuevos centros», subrayaban desde la Consejería.
