Más Madrid ha presentado esta mañana ante la Fiscalía de la Comunidad de Madrid un total de 342 contratos de obras en varios centros de Formación Profesional (FP). En total, se trata de acuerdos contractuales por valor de 6 millones de euros que fueron «troceados» para adjudicarse «a dedo», según denuncia Más Madrid.
En el texto, el partido liderado por Manuela Bergerot señala que han identificado «numerosos casos cometidos con posible fraude en las contrataciones» a través del Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. Se trataría de un «claro empleo abusivo de la figura del contrato menor que podría ser fraudulenta».
La portavoz del partido ha asegurado que estos hechos supondrían que bajo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso la Consejería de Educación funcionó como «durante Esperanza Aguirre fueron otras consejerías» con el fin de «llevarse el dinero público» a través de un «modus operandi».
Bergerot sostiene que «no son casos aislados» y ha apuntado al actual presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, y la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, que ostentaban puestos de responsabilidad en Educación la pasada legislatura. «Esperemos que den todas las facilidades y toda la información necesaria para esclarecer y que se haga justicia en la Comunidad de Madrid respecto a los derechos de educación de los jóvenes madrileños», ha añadido.
Por otro lado, el PSOE-M ha recordado que el pasado julio pusieron en conocimiento de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid también contratos presuntamente troceados en varios centros de la región. La Federación de Enseñanza de CC OO de Madrid también anunció el pasado mes de julio su intención de personarse en el caso de las posibles irregularidades en los contratos de obras en centros de Formación Profesional (FP) de la Comunidad, una vez llegue al Juzgado.
Auditorías en la Consejería de Educación
La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades remitió hace tiempo a Fiscalía las posibles irregulares en la reforma del centro Ciudad Escolar en la capital y anunciaba en julio que abría auditorías para conocer lo sucedido.
El consejero del ramo, Emilio Viciana, defendía en el último Pleno de la Asamblea que no hay «falta de transparencia» y afirmaba que si se conoce esta situación es porque el Gobierno autonómico ha «cumplido con el deber». «Y si es necesario lo volveremos a hacer, porque nosotros respetamos la ley y cumplimos con nuestro deber», remataba.
