La Federación de Enseñanza de CC OO de Madrid ha anunciado su intención de personarse en el caso de las posibles irregularidades en los contratos de obras en centros de Formación Profesional (FP) de la Comunidad, una vez llegue al Juzgado.
Así lo han anunciado la secretaria general de esta Federación, Isabel Galvín, y su responsable jurídica, María Eugenia Alcántara. El día anterior, se reunieron con el viceconsejero de Política y Organización Educativa de la Comunidad de Madrid, José Carlos Fernández Borreguero.
Según el relato de Galvín, Fernández Borreguero trasladó al sindicato la preocupación del Gobierno autonómico por esta cuestión. Anunció la intención de la Consejería de remitir a la Fiscalía toda la información al respecto, en línea con las palabras del propio consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana.
Denuncia en Fiscalía
El pasado mes de abril se conoció que la Comunidad de Madrid había denunciado ante la Fiscalía presuntas acciones delictivas en la contratación de obras de reforma. Una de ellas en Ciudad Escolar, en el distrito de Fuencarral-El Pardo de la capital. Podrían estar implicados varios funcionarios públicos, entre ellos el anterior subdirector general de Formación Profesional, que fue cesado en febrero.
La Consejería solicitó a la Fiscalía Provincial de Madrid que investigara la comisión de este presunto delito que implicaba a tres funcionarios.
Posteriormente, ‘eldiario.es’ publicó nuevas informaciones. Apuntaban a un posible fraccionamiento de pagos para evitar controles en la construcción de la Escuela de Arte de Alcalá, ubicada dentro de las instalaciones del IES Antonio Machado.
Dos auditorías más
Ante ello, el consejero subrayó que se habían encargado dos nuevas auditorías siguiendo «la pista» de la empresa que participó. «Parece que podría haber tenido participación en otros centros», dijo.
Isabel Galvín ha exigido «transparencia» y «claridad» sobre los procesos seguidos para la adjudicación de estos contratos. Ha rechazado que se ponga el foco sobre los equipos directivos de los centros afectados. A su entender, estos «cumplen órdenes» que llegan desde «cargos políticos» a los que ha pedido que sean ellos quienes «asuman responsabilidades».
La secretaria general de la Federación ha explicado que, según los datos que les habrían trasladado desde la Administración regional, habría seis funcionarios bajo investigación y considera que «ésta no es la vía». «Quien tiene la responsabilidad política, que asuma la responsabilidad», ha insistido.
Responsabilidades
En este sentido, ha subrayado que las instrucciones de la Consejería para el próximo curso escolar recogen directrices sobre «cómo gestionar esos fondos económicos». A su juicio, esto confirma que «algo habría hecho mal la Consejería» anteriormente.
En cualquier caso, el sindicato ha subrayado que velará «por el buen nombre de los funcionarios» y por que «no sean vulnerados sus derechos». «Vamos a mirar hacia arriba (…). En cuanto llegue a un juzgado, nos personaremos y tendremos un papel activo en la causa, que caiga quien tenga que caer y asuma las responsabilidades quien las tiene que asumir», ha sentenciado Galvín.
La Federación de Enseñanza ha solicitado que se facilite toda la información disponible al Consejo Escolar de la Comunidad para que pueda analizar la cuestión y proponer actuaciones, ha explicado Galvín, al tiempo que ha pedido a los grupos políticos en la Asamblea que traten esta situación en el Parlamento regional y «se investigue hasta el último euro».
