La rebaja del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles (IBI) que se estableció en el acuerdo presupuestario del Ejecutivo madrileño y el Grupo Mixto para el ejercicio de 2022 «no es conforme a derecho» por lo que no podrá ejecutarse.
Es la conclusión de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid, organismo que considera que «la ayuda, tal y como está configurada, no tiene un completo encaje en la actividad de fomento que debe subyacer en todo caso a la concesión de subvenciones por una Administración Pública». El Pleno municipal aprobó a este respecto reducir en 34 millones el IBI de los madrileños.
El documento del Ayuntamiento ahora rechazado por la Asesoría Jurídica decretaba «establecer ayudas directas a las personas naturales que tengan la condición de sujeto pasivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en el municipio de Madrid en el ejercicio 2022, que sean titulares de un inmueble de uso residencial con valor inferior a 300.000 euros, siempre que se encuentren empadronados en él y no sean titular de ningún otro bien inmueble urbano». Además, añadía el acuerdo, «el importe de la ayuda individual será la diferencia entre la cuota que corresponda por el IBI de 2022 (con el tipo general del 0,456%) y la que le correspondería en caso de aplicación a su base imponible de un tipo de gravamen del 0,400%. El coste estimado de esta medida será de 34 millones de euros».
El informe se refiere asimismo al pleno de los Presupuestos Municipales 2022, donde «algunos intervinientes manifestaron su preocupación sobre la instrumentación de las ayudas previstas». Se apunta, además, que «ni siquiera la Administración puede disponer, condonar o establecer exenciones del crédito tributario» y se remiten al artículo 2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones (LGS), donde se apunta que «no tienen carácter de subvención los beneficios fiscales».
El Gobierno municipal conocía las dificultades jurídicas
El Ejecutivo municipal del Ayuntamiento de Madrid (compuesto por PP y Cs) ha defendido esta mañana que era conocedor de las «dificultades jurídicas» de llevar a efecto el acuerdo sobre la rebaja del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
La portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz, ha defendido que en el Consistorio «se ha trabajado este año con todo el rigor técnico y se ha tratado de buscar una solución. Tras todo ese arduo trabajo, por parte de Asesoría Jurídica y de la Intervención General manifiestan dudas sobre aspectos puntuales concretos», ha explicado.
Para la también delegada de Seguridad, «esto no es nuevo para ninguno de los grupos» pues «se trasladó que habría dificultades jurídicas desde el minuto uno, y el Gobierno ha buscado las opciones para ese acuerdo» y «ahora la situación es la que es».
Así, Inmaculada Sanz ha abogado por que «los grupos (municipales) se sienten a negociar una bajada de impuestos para aplicar de forma inmediata en el 2023» y «que tengan la sensibilidad de ver que es necesario bajar los impuestos». «El equipo de Gobierno tiene la intención de seguir bajando los impuestos. Si no lo hace, es porque no hay apoyos», ha finalizado.
Apoyo al presupuesto «muy dificilito»
El concejal del Grupo Mixto Luis Cueto ha descrito como «muy dificilito» que se crean al Gobierno municipal y que esto se traduzca en un apoyo al presupuesto a presentar por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, cuando les han comunicado que no era posible esta reducción del IBI consensuada.
Desde el Mixto aseguran que la jurisprudencia ha anulado mecanismos de rebaja de tipos impositivos que supongan una modificación del impuesto sin el aval de norma de rango suficiente para ello. Apuestan por «tramitar una subvención directa que, atendiendo a determinados fines de política pública y de apoyo a determinados colectivos, con criterios que no sólo afecten al puro tipo impositivo, beneficien al colectivo correspondiente».
