El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha aceptado a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por Ecologistas en Acción, en colaboración con la asociación vecinal SOS Ermita del Santo, contra el plan urbanístico que ha aprobado el Ayuntamiento de Madrid para el barrio. El Consistorio ha dado luz verde a la construcción de más de 500 nuevas viviendas y ahora este proyecto será revisado por la Justicia.
Según se recoge en un auto judicial, la magistrada ha solicitado a la Comunidad de Madrid que, en un plazo de 20 días, entregue el expediente administrativo relacionado con este plan urbanístico.
Vecinos y residentes luchan contra la modificación puntual del Plan General que prevé la creación del Área de Planeamiento Específico 10.24 en el Paseo de la Ermita del Santo. La modificación fue aprobada de forma definitiva en febrero por el Consejo de Gobierno regional, dando vía libre al desarrollo urbanístico que contempla la construcción de 529 viviendas y nuevos espacios verdes en la zona.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, defendió entonces ante el fuerte rechazo vecinal que suscita el proyecto que se trata de una intervención en un área que estaba «degradada». “Ahora los vecinos van a ganar dotaciones, espacios públicos, zonas verdes y además también se va a hacer vivienda”, sostuvo el regidor madrileño.
Sin embargo, tanto Ecologistas en Acción como SOS Ermita del Santo han optado por llevar el asunto ante la Justicia, alegando que se trata de un proyecto, al que califican de ‘pelotazo’, que beneficia a intereses privados en lugar de responder a las demandas del vecindario.
Dotaciones públicas en lugar de «viviendas de lujo»
Las asociaciones vecinales denuncian que “los vecinos no necesitan rascacielos ni viviendas de lujo, sino dotaciones como más escuelas infantiles públicas, institutos, una biblioteca, centro de mayores, mejoras en los centros de salud o instalaciones deportivas públicas”.
SOS Ermita del Santo asegura haber recogido más de 5.000 firmas en contra del plan y sostiene que la operación urbanística se ha impulsado «de espaldas a la ciudadanía, sin consulta previa ni posibilidad de participación y que responde exclusivamente al interés particular de la socimi propietaria del centro comercial».
Además, alertan de que la ejecución de este proyecto podría acarrear consecuencias negativas para el barrio, tanto en términos de movilidad y contaminación, como en el acceso a la vivienda. “En su mayor parte de precios inasequibles, las nuevas viviendas supondrán además un incentivo a otras operaciones inmobiliarias especulativas y a los alquileres turísticos, contribuyendo al encarecimiento de la vivienda y a consecuente expulsión de muchos vecinos y vecinas”, han advertido.
