El Partido Socialista ha dado un paso más en el caso del ático comprado por la Comunidad de Madrid en el Paseo del General Martínez Campos. A través de un escrito de 36 páginas presentado este martes ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, el partido se persona como acusación popular en las Diligencias Previas 2317/2026.
Dichas diligencias investigan si en la operación pudieron cometerse los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, tipificados en los artículos 404, 432 y 433 del Código Penal.
El movimiento llega después de que la Fiscalía Provincial de Madrid archivara, el pasado 10 de agosto, la denuncia que el propio PSOE había presentado unos días antes ante la Fiscalía especializada en Delitos Económicos, remitiendo lo actuado al juzgado por tratarse de los mismos hechos que ya se investigaban allí.
Cronología de los hechos y confidencialidad
El escrito reconstruye la cronología conocida a través de la prensa, aunque narra cómo el 14 de abril, la empresa pública Planifica Madrid, participada al cien por cien por la Comunidad, adquirió un ático de 485 metros cuadrados —200 de ellos de terraza— en el número 35 del Paseo del General Martínez Campos, en Chamberí.
El precio, nunca confirmado oficialmente, se sitúa según las informaciones manejadas en 6,3 millones de euros, tras negociar una rebaja de 300.000 euros sobre el precio de salida. La propietaria era Astrid Gil-Casares, exesposa del empresario Rafael del Pino, y tanto ella como la inmobiliaria encargada de la venta, Promora, habrían firmado acuerdos de confidencialidad antes incluso de la visita al inmueble.
PSOE sostiene en su escrito que el uso del ático por la obras en la Real Casa de Correos no se sostiene, ya que no existe licitación ni fecha alguna de las mismas.
La operación permaneció sin publicidad institucional durante más de tres meses, hasta que El País la reveló el 29 de julio. Ese mismo día, la presidenta Isabel Díaz Ayuso justificó la compra en rueda de prensa alegando «reformas integrales» en la sede de la Real Casa de Correos y un «traslado temporal» para «reuniones institucionales».
Según esto, el escrito del PSOE sostiene que esa justificación no se sostiene, ya que no existe licitación ni fecha alguna de esas obras. Además, la normativa urbanística de la zona, de uso residencial, impide destinar la novena planta del edificio a oficina, con independencia de las intenciones declaradas.
A la venta tras destaparse la compra
En el escrito del Psoe, se explica cómo un día después, el 30 de julio, el Gobierno regional anunció que pondría el ático a la venta, alegando esta vez la necesidad de fondos para la reconstrucción tras los incendios en la Sierra Oeste.
No obstante, no precisó el precio de compra ni explicó por qué había optado por adquirir en lugar de alquilar. El PSOE señala además la coincidencia temporal con la puesta en venta, por parte de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, de la vivienda que ambos compartían en el mismo distrito, apenas a unos metros de distancia del inmueble comprado por Planifica.
Al respecto, el escrito explica como el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, a través de su diputada Tatiana Jiménez Liébana, el 6 de agosto, solicitó a Planifica Madrid información sobre el contrato de adquisición del inmueble, petición que la empresa pública no atendió.
El consejero de Presidencia y todo el consejo de Planifica Madrid
En cuanto a las responsabilidades, el escrito dirige formalmente la denuncia contra los diez miembros del Consejo de Administración de Planifica Madrid, presidido por Miguel Ángel García Martín —también consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local del Gobierno regional.
Así, el resto de responsables denunciados son José Antonio Sánchez Serrano, José Tortosa Iglesia, Eusebio González Castilla, Ramón Cubián Martínez, Pedro Corbalán Ruiz, Pablo García Valdecasas Rodríguez Rivera, Javier Carazo Gil, Lourdes Ríos Zaldívar y Lucía Morales Pérez. A estos se suman en la gestión de la sociedad el apoderado Lorenzo Broncano Jiménez, el gerente Antonio José Marín Herrera y la directora financiera, Noelia Crespo.
Así, el propio escrito deja abierta la puerta a que la instrucción identifique a «otros sujetos responsables» a medida que avance la causa.
Por su parte, Isabel Díaz Ayuso no figura entre los denunciados. En este sentido, el documento sitúa su posible vinculación con el inmueble entre los indicios que califica como «más hipotéticos» y que, admite el propio PSOE, «necesitan más investigación» antes de poder extraer conclusiones.
Isabel Díaz Ayuso no figura entre los denunciados y el documento sitúa su posible vinculación con el inmueble entre los indicios que califica como «más hipotéticos» y que «necesitan más investigación».
Solicitud de documentación
El escrito solicita al juzgado que reclame a Planifica Madrid la documentación previa a la compra, el acta del Consejo de Administración que la autorizó, las tasaciones encargadas y los acuerdos de confidencialidad, además de oficios al Registro de la Propiedad, al Ayuntamiento de Madrid. Esto último para certificar la calificación urbanística.
A la Consejería de Presidencia, el reclamo es para que acredite si existió o no licitación de las obras alegadas. También pide tomar declaración a la vendedora, a los responsables de la inmobiliaria y a los miembros del Consejo de Administración de Planifica como denunciados.
Por último, con este movimiento, el PSOE también traslada al ámbito judicial una polémica que hasta ahora se había dirimido en el terreno político y mediático, aunque existen varias denuncias interpuestas sobre el asunto por particulares.