El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 32 de Madrid ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) contra la licencia municipal otorgada a la empresa Parcesa para la construcción del crematorio en la M-40.
Según consta en el auto, la jueza ha aceptado a trámite el recurso contra la resolución del Ayuntamiento de Madrid emitida el pasado mes de octubre, que desestimaba un recurso de reposición contra la concesión de la licencia. Ahora, el Consistorio madrileño deberá remitir el expediente municipal en un plazo máximo de 20 días.
Ante esta situación, los vecinos de los distritos de Usera y Villaverde han solicitado la paralización de las obras del crematorio hasta que la Justicia se pronuncie, tras detectar «un inusual trasiego de camiones y vehículos de obra en el recinto del tanatorio«.
Las asociaciones vecinales han expresado su preocupación por estas actividades y consideran que Parcesa está actuando de manera precipitada al continuar con la construcción del crematorio mientras la licencia está en litigio.
«Sospechamos que son destinados a la construcción del horno crematorio que Parcesa proyecta en el lugar. Se trata de una actuación muy osada por parte de la empresa cuando el procedimiento de concesión de la licencia se encuentra todavía en fase de discusión en sede judicial», han criticado las asociaciones vecinales en un comunicado.
Los vecinos han manifestado su temor de que la empresa Parcesa intente consolidar el crematorio «por la vía de los hechos» y han exigido a la Justicia una resolución rápida, así como la paralización inmediata de las obras. Además, esperan que los tribunales cancelen la licencia para evitar «una actividad contaminante, nociva y peligrosa para la salud física y mental».
En diciembre, los vecinos de Villaverde y Usera también presentaron su propio recurso contencioso-administrativo para que un tribunal valore los aspectos que, según ellos, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid han pasado por alto en sus informes y resoluciones, y que la Fiscalía de Medio Ambiente no abordó en la denuncia presentada por el PSOE que fue archivada a principios de este mismo mes de enero.
