La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido devolver al juzgado de Móstoles la pieza separada de responsabilidad civil del conocido como ‘caso ITV’, una resolución que retrasa, por ahora, la fijación de fecha para el juicio oral.
El tribunal exige que antes de avanzar hacia la vista se complete la tramitación relativa a las posibles responsabilidades económicas derivadas del procedimiento. En la práctica, esto supone que el juzgado instructor deberá revisar si los acusados han garantizado las cantidades reclamadas y, en caso contrario, podrá adoptar medidas como la exigencia de fianzas o el embargo de bienes suficientes.
Solo la empresa ITV Móstoles S.L. habría presentado bienes para cubrir la responsabilidad civil reclamada. El resto de investigados no ha constituido aval ni fianza alguna.
Qué ha pasado: La Audiencia Provincial de Madrid ha frenado, por ahora, el avance del juicio del ‘caso ITV’ y ha devuelto al juzgado de Móstoles la parte económica del procedimiento.
Una fianza de más de 817.000 euros
En el auto de apertura de juicio oral, el Juzgado de Instrucción requirió a los acusados para que prestaran, de forma conjunta y solidaria, una fianza de 817.453,94 euros. Es la cantidad reclamada por el Ayuntamiento de Móstoles en su escrito de acusación para garantizar un eventual resarcimiento económico.
La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, encargada del enjuiciamiento, ya había recibido los autos remitidos desde el juzgado instructor. Sin embargo, antes de continuar con los trámites previos al juicio oral, los magistrados han considerado necesario que quede completamente resuelta esta pieza separada.
La decisión implica que la Audiencia no continuará de momento con la tramitación del juicio hasta que el juzgado de Móstoles complete las diligencias necesarias y vuelva a remitir la causa.
Qué dice el tribunal: Los magistrados quieren que antes se aclare quién debe responder económicamente y si los acusados han garantizado los 817.453,94 euros reclamados por el Ayuntamiento.
Cuatro años de instrucción
La causa del ‘caso ITV Móstoles’ llega después de más de cuatro años de instrucción judicial. El procedimiento fue remitido en marzo a la Audiencia Provincial para su enjuiciamiento por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Móstoles, Plaza número 1, antiguo Juzgado de Instrucción número 1.
En el banquillo se sentarán, entre otros, la exalcaldesa de Móstoles y actual portavoz del grupo municipal socialista, Noelia Posse; el secretario general del PSOE de Móstoles y portavoz adjunto, Álex Martín; y otros concejales del actual grupo socialista como David Muñoz, Rebeca Prieto y Marisa Ruiz, entre otros.
La causa se inició tras la querella presentada el 22 de febrero de 2022 por los entonces concejales de Más Madrid Gabriel Ortega Sanz y Susana García Millán, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
16/2/2022
Qué pasa con los políticos denunciados: La exalcaldesa Noelia Posse y varios miembros de su antiguo Gobierno municipal siguen pendientes de sentarse en el banquillo por presuntos delitos de malversación y prevaricación.
La condonación de una deuda a la empresa ITV
La investigación se centra en determinar si hubo perjuicio para las arcas municipales cuando el Gobierno municipal decidió condonar una deuda a la empresa ITV Móstoles S.L., encargada de realizar las inspecciones técnicas de vehículos.
La querella se dirigía contra miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Móstoles, el tesorero municipal y la mercantil ITV Móstoles S.L.
El 31 de julio de 2024 se dictó auto de apertura de juicio oral por los delitos de malversación y prevaricación.
Cómo queda ahora: El juicio oral queda pendiente hasta que el juzgado resuelva esta pieza civil, con la posibilidad de exigir fianzas o acordar embargos de bienes a los acusados que no hayan garantizado las cantidades reclamadas.
La acusación popular pide seis años de prisión
La acusación popular, ejercida por los exediles de Más Madrid, solicita seis años de prisión y quince años de inhabilitación absoluta para los acusados.
En concreto, pide estas penas para Noelia Posse y para los concejales de su equipo de Gobierno de la anterior legislatura Álex Martín, Aitor Perlines, David Muñoz, Rebeca Prieto, Marisa Ruiz, Lola Triviño, Beatriz Benavides, todos ellos del PSOE, y Nati Gómez, de Podemos. La misma petición se formula para el tesorero municipal, Francisco Javier Torner.
Respecto a la mercantil acusada, ITV Móstoles S.L., la acusación popular solicita que sea juzgada por malversación de caudales públicos y pide una pena de tres años y seis meses de prisión, con una cuota diaria de 5.000 euros.
El juicio oral del ‘caso ITV’ tendrá que esperar. Antes, el juzgado de Móstoles deberá aclarar quién garantiza el dinero reclamado y si procede actuar sobre los bienes de los acusados.
