La defensa del extesorero del Ayuntamiento de Móstoles ha solicitado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa del ‘caso ITV’, al entender que no se aprecia delito y que su actuación se desarrolló dentro de las funciones propias de su puesto como funcionario habilitado nacional.
En un escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles, la representación legal pide su libre absolución y la práctica de distintas pruebas documentales y testificales de cara al juicio oral.
El procedimiento del ‘caso ITV’ de Móstoles se encuentra en fase intermedia, una vez registrados los escritos de acusación y defensa de las partes. En la causa figuran como acusados la exalcaldesa Noelia Posse y varios concejales del PSOE. La Fiscalía reclama para Posse una pena de inhabilitación de 12 años por presunta prevaricación.
«No generó perjuicio económico alguno»
El documento presentado ahora por la defensa señala que el extesorero, Francisco Javier T., ha ejercido como interventor-tesorero desde 1983 sin sanciones ni reproches profesionales, y recuerda que desempeñó el cargo de tesorero municipal desde 2002 hasta su jubilación.
La defensa sitúa el origen del procedimiento en la deuda que la empresa concesionaria mantenía con el Ayuntamiento desde 2013, superior a 1,17 millones de euros, y en la solicitud de preconcurso que la compañía presentó ante el Juzgado de lo Mercantil.
Según el escrito, las decisiones adoptadas por la Junta de Gobierno Local en septiembre y octubre de 2020 —entre ellas la aceptación del preconcurso y la modificación del canon concesional— contaron con informes jurídicos favorables y se ajustaban a la normativa de contratación y a la legislación concursal en vigor.
La defensa afirma igualmente que el acuerdo cuestionado «no generó perjuicio económico alguno», mencionando el auto de archivo inicial y una resolución posterior del Tribunal de Cuentas que habría considerado que la medida evitó un daño mayor a las finanzas municipales.
El texto destaca también que los informes del tesorero se emitieron conforme a sus competencias y siguiendo las normas europeas y la Ley de Contratos del Sector Público, orientadas a mantener el equilibrio económico de las concesiones públicas.
Asimismo, la defensa rechaza la existencia de dolo o desviación de poder en la actuación del extesorero, y sostiene que no se produjo perjuicio para los recursos municipales y que su valoración técnica se ajustó a la normativa aplicable.
