Ganar Alcorcón ha denunciado que la negativa de la Comunidad de Madrid a declarar el municipio como zona de mercado residencial tensionado puede limitar el acceso de la ciudad a nuevos recursos estatales destinados a impulsar la vivienda pública y asequible. La formación estima que Alcorcón podría haber movilizado alrededor de 2,7 millones de euros de una línea extraordinaria de 180 millones aprobada por el Gobierno de España para las comunidades autónomas con zonas tensionadas.
Según los cálculos de la organización, la estimación toma como referencia la población de Alcorcón y un escenario en el que el 80 % del fondo se distribuyera en función del número de habitantes de las zonas declaradas tensionadas. Se trata, por tanto, de una cantidad estimada por la formación, no de una asignación oficial concedida al municipio.
Los recursos estatales están destinados, según explica Ganar Alcorcón, a financiar actuaciones como la promoción y rehabilitación de viviendas de alquiler asequible, la adquisición de inmuebles para incorporarlos al parque público y la compra y urbanización de suelo para nuevos desarrollos residenciales.
Ganar Alcorcón responsabiliza al Gobierno regional
La portavoz de Ganar Alcorcón y candidata a la Alcaldía, Miriam Benítez, ha vinculado la falta de acceso a estos recursos con la decisión del Ejecutivo autonómico de no declarar Alcorcón zona tensionada.
«La vivienda es una emergencia y el sectarismo de la Comunidad de Madrid está impidiendo que recursos que moviliza el Gobierno de España lleguen a nuestras ciudades en forma de más vivienda pública y asequible», ha afirmado Benítez. La representante municipalista sostiene que la decisión regional impide que fondos que podrían destinarse a comprar, rehabilitar o construir vivienda pública lleguen a la localidad.
Por su parte, David López, teniente de alcalde y concejal de Ganar Alcorcón, ha criticado la posición del Gobierno autonómico y ha reclamado una mayor colaboración entre administraciones para afrontar el problema del acceso a la vivienda.
La formación considera que la declaración de zona tensionada permitiría aplicar las herramientas previstas en la legislación estatal para intervenir en el mercado del alquiler y facilitar el acceso a determinadas líneas de financiación.
Una reivindicación que el Ayuntamiento mantiene desde hace años
El Ayuntamiento de Alcorcón lleva tiempo reclamando a la Comunidad de Madrid la declaración del municipio como zona de mercado residencial tensionado. La decisión corresponde al Gobierno autonómico, dentro del procedimiento establecido por la normativa estatal de vivienda.
Ganar Alcorcón sostiene que la negativa regional dificulta la puesta en marcha de medidas para contener los precios del alquiler y ampliar la oferta pública. La formación reclama, además, que los ayuntamientos puedan declarar directamente zonas tensionadas para evitar que la decisión dependa exclusivamente de los gobiernos autonómicos.
Más compras y rehabilitación para ampliar el parque público
Entre las medidas defendidas por Ganar Alcorcón figura aumentar la adquisición de viviendas ya construidas para destinarlas al alquiler público asequible. La organización considera que esta vía, junto con la rehabilitación de inmuebles existentes, puede ofrecer soluciones en plazos más cortos que los grandes desarrollos urbanísticos.
En este sentido, propone que el Gobierno de España apruebe un decreto que facilite a los ayuntamientos la compra de viviendas destinadas al alquiler público, reduciendo las trabas burocráticas. También plantea que estos inmuebles permanezcan de forma permanente en manos públicas y que los contratos ofrezcan estabilidad a los inquilinos.
Otra de sus propuestas consiste en movilizar anualmente recursos equivalentes al 1 % del producto interior bruto (PIB) de Alcorcón para políticas de vivienda, mediante la colaboración del Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y el Gobierno central.
Construcción modular y reforma del Plan Vive
La formación municipalista también ha planteado la creación de una empresa de construcción modular íntegramente pública, participada por municipios y abierta a la incorporación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El objetivo, según la propuesta, sería acelerar la construcción de vivienda pública, reducir costes y mantener los inmuebles al margen de la especulación.
A estas iniciativas se suman la reforma del Plan Vive para reducir los precios y mejorar las calidades de las viviendas, así como el refuerzo de las inspecciones para evitar la reventa irregular de vivienda protegida.
Ganar Alcorcón sitúa el acceso a la vivienda entre sus principales prioridades políticas y defiende que la cooperación entre administraciones resulta fundamental para ampliar el parque público y mejorar la asequibilidad del alquiler.
La cifra de 2,7 millones de euros constituye el eje de su denuncia sobre la financiación extraordinaria estatal. Su posible alcance para Alcorcón dependerá de los criterios efectivos de distribución de los fondos y de las condiciones administrativas aplicables a las actuaciones financiadas.