El Partido Popular de Alcorcón ha reclamado explicaciones al Ayuntamiento tras un informe jurídico de la Comunidad de Madrid que, según la formación, confirma la nulidad del contrato adjudicado para el servicio de seguridad privada de las fiestas patronales de 2025. Por su parte, el Consistorio sostiene que ese mismo documento respalda su actuación y «da la razón al Consistorio».
El portavoz del PP, Roberto Marín Vergara, ha señalado que no permitirán «esta forma de actuar» a través de «un contrato adjudicado a dedo, declarado ilegal por la propia Comunidad de Madrid y que ahora pretenden pagar sin que nadie explique quién tomó esa decisión».
Asimismo, ha pedido al Ejecutivo local que detalle «quién dio la orden de levantar el teléfono y encargar este servicio saltándose la ley y qué responsable político o técnico asumió esa decisión».
Marín, también presidente del PP local, ha indicado que el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora «confirma» lo que ya denunciaron en febrero, que «no fue un error administrativo, fue una gestión temeraria del dinero de todos los vecinos», calificándolo como «gravísimo».
En esta línea, ha subrayado que no se cuestiona la necesidad de reforzar la seguridad durante las fiestas, «sino la forma en la que se actuó», por lo que exigirán responsabilidades políticas y explicaciones «para garantizar la legalidad, la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos».
Según el portavoz, el informe recoge que, tras quedar desierto el procedimiento, el Ayuntamiento recurrió de forma verbal a la misma empresa previamente rechazada, recordando que «la contratación verbal está expresamente prohibida y los hechos constituyen un supuesto de nulidad radical».
El PP considera que el documento concluye que «no existía ninguna situación de emergencia, que la falta de planificación es imputable al propio Ayuntamiento y que las fiestas eran perfectamente previsibles».
Proceso conforme a la Ley de Contratos
Por su parte, desde el Gobierno local han reiterado que el proceso se llevó a cabo conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. Indican que, al comprobar que la empresa no estaba al corriente de sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social, se adoptaron medidas para declarar nulo el procedimiento «por falta de diligencia de la empresa».
«Lejos de confirmar una ilegalidad, el informe jurídico de la Comunidad de Madrid da la razón al Ayuntamiento de Alcorcón, que remitió dicho expediente una vez detectó este asunto. Es decir, es un proceso que inició el propio Ayuntamiento», han afirmado.
En relación con la contratación, el Ayuntamiento explica que se realizaron dos licitaciones «con todas las garantías y todos los cauces legales», incluyendo una declaración responsable de la empresa, con la que ya se había trabajado anteriormente, en la que «aseguraba que cumplía con los requisitos» exigidos. Tras comprobar que no era así, se pusieron en marcha diferentes actuaciones.
El Consistorio ya había indicado que su previsión era declarar nulo el procedimiento «por falta de diligencia de la empresa», que «era conocedora de la falta de veracidad de su propia declaración responsable» y de que «no podía prestar sus servicios a una Administración pública».
Por este motivo, se inició el procedimiento de nulidad en la Junta de Gobierno Local, con el objetivo adicional de poder abonar los salarios a los trabajadores que prestaron el servicio, y se acordó también una sanción a la empresa.
Las mismas fuentes han precisado que la cantidad a abonar se limitará al servicio efectivamente prestado y que «en ningún caso será de 57.661,95 euros».
