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La dirección regional del PSOE-M ha pedido explicaciones a los seis concejales socialistas que han sido citados a delcarar en calidad de investigados por el Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles en el llamado ‘Caso ITV’, por el que ya declaró la alcaldesa, Noelia Posse, el pasado día 18 de noviembre.

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Según ha adelantado la Cadena Ser y han confirmado a Noticias para Municipios fuentes del PSOE-M, se ha enviado un escrito individual a cada uno de los concejales citados informándoles de su situación como militantes y solicitándoles las oportunas explicaciones de cara al Comité de Garantías del partido.

En concreto, el juzgado ha citado a declarar el próximo 16 de febrero a partir de las 9,45 horas a los ediles David Muñoz (primer teniente de alcalde y edil de Mantenimiento), Rebeca Prieto (Empleo), Alejandro Martín (edil de Seguridad y Convivencia) y María Luisa Ruiz (Presidencia y Desarrollo Urbano).

De igual forma, cita el 28 de febrero a Dolores Triviño (actual responsable de Igualdad) y Beatriz Benavides (exconcejala de Igualdad, que renunció en abril, pero que sigue siendo militante socialista). También ha sido citada ese día la edil de Podemos Natividad Gómez (concejala de Educación y Juventud).

En el trasfondo de la causa el juzgado intenta averiguar los motivos para la condonación de una deuda de 2,45 millones de euros a ITV Móstoles S.L., tras una querella por malversación y prevaricación que interpusieron el pasado febrero dos ediles de Más Madrid, Susana García y Gabriel Ortega.

La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, a su llegada a los Juzgados para declarar el pasado noviembre (Foto: A. Pérez Meca/Ep)

Querella «política»

Fuentes municipales han reiterado, tras tener conocimiento de la imputación de los ediles de Gobierno, que «se trata de una querella política». «Todo lo que se hizo fue para mantener los empleos y para garantizar que el ayuntamiento pudiese cobrar al menos una parte de lo adeudado», han señalado.

La regidora mostoleña defendió este mismo planteamiento en su comparecencia ante el juzgado, al asegurar que «es una querella política» y que «se aclarará en breve».

La querella plantea que el Ayuntamiento «perdonó el cobro de las tasas» que suponen la utilización de suelo público para que la citada empresa desarrollara su actividad en la localidad.

En la misma, los ediles de Más Madrid aseguraban que la decisión de no cobrar la deuda responde al «mero capricho de la sociedad y de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, así como del tesorero» que atendieron «al interés de la empresa privada» y no al de la administración pública.

«La necesidad de la Administración era el cobro de la deuda contraída por la sociedad y no la condonación de más de la mitad de la deuda, el aplazamiento sin garantías e intereses de la deuda no condonada y la reducción del canon para los próximos 20 años», añadían en su escrito.

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