La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Leganés ha informado de que finalmente no se ha ejecutivo el desahucio de una madre y sus tres hijos menores de edad en una vivienda perteneciente al ‘banco malo’ -a la sociedad que gestiona el patrimonio residencial de los bancos, la Sareb- merced a la condición de familia en situación de «vulnerabilidad».
La PAH ha manifestado que el desalojo previsto para esta mañana ha quedado aplazado pese a «los esfuerzos de la jueza de Instrucción por no querer parar a pesar de los informes de vulnerabilidad y tres menores». «No hay ningún derecho a jugar con las familias negándole derechos vitales», han lamentado desde el colectivo.
La Plataforma había convocado desde primera hora de este martes en el número 17 de la avenida de Mendiguchia Carriche para intentar frenar el desalojo de Marita, quien, según la entidad, se «vio obligada a recuperar una vivienda de la Sareb, que okupa desde el año 2022, en plena pandemia y crisis del Covid-19».
La PAH ha recordado que este desahucio podría producirse un día antes del inicio del curso escolar, con los perjuicios que ello acarrearía para esta familia, con menores de 13, 9 y 3 años.
Un día antes del inicio del curso escolar
«Añadimos que estamos a las puertas de un nuevo curso escolar con los gastos que acarrea y en medio de una crisis inflacionista y de subida de precios (después de las ya sufridas antes), que están pagando las familias más humildes, como la de Anita y sus hijos, y que agrava aún más sus difíciles situaciones», ha esgrimido.
La propietaria del piso, la Sociedad que aglutina los pisos de la banca -la Sareb-, «quiere paralizar el lanzamiento de desahucio», pero, según ha advertido, la jueza de refuerzo del juzgado de Instrucción número 1 de Leganés, que lleva este proceso judicial, «no ha querido atender ni a las demandas de la propiedad ni a la situación precaria de la familia y sigue con el desahucio hacia adelante».
«Convocamos a todos a impedir esta injusticia social y a demostrar la solidaridad de la gente para que se evite que tres menores y su madre se queden en la calle. Sin olvidar -ha agregado la PAH-, que la Sareb es del pueblo y sus viviendas también».
Otro desahucio ‘vulnerable’
El pasado mes de junio, la Plataforma logró paralizar el desahucio que se iba a realizar a una madre en paro y su hija de un año en Leganés. Finalmente, el juzgado tuvo en cuenta el «informe de vulnerabilidad» de esta familia monomarental que han elaborado los Servicios Sociales.
En la misma línea, la empresa propietaria de la vivienda, la compañía de servicios inmobiliarios ‘Aliseda’, remitió un escrito a los juzgados para que no se ejecutara el desalojo.
Quizás no hayan podido disponer de toda la información y tengan solo una versión sesgada de la situación, por ello, para que tengan otro punto de vista, les escribo estas líneas.
Marita no es propietaria del piso en el que esta viviendo. Marita accedió a este piso en 2019 contratando los servicios de una mafia dedicada a facilitar el acceso a viviendas para su ocupación. En aquel momento esta vivienda del Sareb estaba siendo visitada por varios potenciales compradores, que finalmente no pudieron acceder a la vivienda debido a la ocupación irregular de esta persona. El piso ocupado por Marita es un ático-duplex de aproximadamente 140 m2, 4 habitaciones, 3 baños y una terraza de aproximadamente 30 m2. Como pueden observar no es una vivienda básica en la que alguien desesperado se mete para no quedarse en la calle con su familia. Sin duda una vivienda de estas características es la más propicia para poder subarrendar habitaciones con baños independientes y poder sacar una mayor rentabilidad a la ocupación de la vivienda, como así esta sucediendo estos tres últimos años. Por esta vivienda, además de Marita, sus parejas y sus hijos, han convivido decenas de inquilinos que han ido rotando por el piso. En algunas ocasiones esta rotación era de meses y otras de semanas, las llaves de este portal las deben tener decenas de personas. Durante este tiempo han sido varias las ocasiones en las que la propia Marita ha tenido que llamar a la policía para que interviniera en su vivienda para el desalojo de algún inquilino con el que terminaba discutiendo.
En cuanto a la información que manejan sobre los menores que habitan en ese piso, no es cierto que vivan continuamente ahí. En realidad, pasan algunas temporadas, pero su presencia no es constante, lo puedo asegurar porque cuando están se les ve por la comunidad y se les escucha de forma notable en su casa.
Entiendo que desde fuera parezca que la situación de esta persona con su descendencia sea precaria, pero cuando compruebas que en lugar de transporte publico se desplaza en VTC, tiene contratada conexión de fibra y dispone de un nivel de vida acomodado, te hace recapacitar sobre si realmente está padeciendo una situación real de precariedad económica.
En resumen, creo que realmente una persona que lleva el nivel de vida de Marita, ocupa ilegalmente una casa haciendo uso de mafias de ocupación y subarrienda habitaciones para su lucro, no es una persona que precise de su apoyo. Creo que también se debería tener en cuenta que desde la ocupación de esta vivienda los problemas de convivencia son evidentes con un intenso trasiego de personas extrañas, suciedad en las zonas comunes, ruidos a deshoras y una percepción de inseguridad importante para toda la comunidad.
Me parece indignante que echen a la calle a una mujer con sus tres hijos menores para desocupar un piso que la empresa propietaria no necesita. Es un derecho que todo ciudadano debería tener. Luchemos por ello.
Pues la metes en tu casa
Desafortunadamente conozco este caso en detalle y lamento no ver toda la información reflejada en esta noticia. Este piso ha sido okupado ilegalmente a través de una mafia que ha facilitado el acceso a cambio de una cantidad económica. La vivienda es un ático duplex con terraza y varios dormitorios y cuartos de baño. La familia que habita la vivienda subarrenda ilegalmente dichas habitaciones, tienen discusiones constantes con los inquilinos de la vivienda y ensucia mucho las zonas comunes, por ejemplo arrastrando las bolsas de basura por el suelo. Además esta familia se desplaza constantemente en VTC lo que no parece compatible con la situación de vulnerabilidad que se menciona.
Por todo lo expuesto creo que se debería explicar cómo las mafias gestionan estas okupaciones y cuáles son las consecuencias de convivencia e inseguridad para el resto de vecinos, además de cuestionar si en este caso concreto se trata de una familia en situación de vulnerabilidad como se comenta. En definitiva un periodismo de rigor, objetivo y contrastando la información de todas las fuentes antes de la publicación del artículo.