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El desahucio que se iba a realizar a una madre en paro y su hija de un año en Leganés ha quedado suspendido, según han confirmado fuentes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que han asegurado que el juzgado ha tenido en cuenta finalmente el «informe de vulnerabilidad» de esta familia monomarental que han elaborado los Servicios Sociales.

En la misma línea, la empresa propietaria de la vivienda, la compañía de servicios inmobiliarios ‘Aliseda’, remitió un escrito el pasado viernes a los juzgados para que no se ejecutara el desalojo.

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La Plataforma había llamado a movilizarse este lunes ante el desahuciado de una mujer en paro, Alissa, y su hija de un año este lunes de su casa en la Plaza Castilla-La Mancha número 1, ya que el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de la localidad descartaba aplicar la moratoria de desahucios en este caso concreto.

La mujer ha declarado a Noticias para Municipios que se encuentra muy «contenta» ante la paralización del desahucio. Al mismo tiempo, ha agradecido a la gente la «ayuda» que la han prestado.

De hecho, desde primera hora de esta mañana, decenas de personas se concentraban en la calle para intentar evitar el desahucio que llevaría a cabo una comisión judicial. En este sentido, la presidenta de la PAH de Leganés, Felicitas Vázquez, se ha mostrado satisfecha con la paralización del desalojo de una familia que carecía de alternativa habitacional.

Real Decreto incumplido

No obstante, ha lamentado que se siga procediendo a desahucios de personas pese al Real Decreto que los impide hasta el próximo mes de septiembre debido a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia del coronavirus.

«Es injusto que no se paren desahucios con el decreto. Nos parece muy vergonzoso. El caso de Alissa ha sido un triunfo pero seguimos denunciando la pasividad del Gobierno, que no vela por que se cumpla el Decreto de los desahucios», ha declarado.

La mujer, que iba a ser desalojada de manera forzosa, ingresa los 350 euros al mes del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y cuenta con la certificación de su situación de vulnerabilidad merced a un «informe social» de los Servicios Sociales de Leganés.

«Alissa no ha recibido ninguna notificación judicial en el tiempo que lleva en la casa. Solo supo hace menos de una semana del desahucio por medio de una intermediadora de Aliseda», informó la PAH.

El pasado año, a Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Leganés (PAH) ha considerado que las 668 viviendas públicas que prevé edificar el Ayuntamiento en tres barrios a través de la Empresa del Suelo (EMSULE) deberían destinarse a “luchar contra la lacra de los desahucios”, al tiempo que ha cuestionado que no se destinen a alquileres sociales.

David G. Castillejo

Corresponsal de Noticias para Municipios, Europa Press en la zona Sur de Madrid

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