La adjunta segunda del Defensor del Pueblo, Patricia Bárcena, se ha reunido con la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, y un representante de las familias de Buenavista para conocer, en el transcurso de una reunión, el problema al que se enfrenta un grupo de 240 familias en una promoción de viviendas del barrio getafense de Buenavista a los que la empresa gestora ha subido el alquiler hasta en un 70 por ciento.
La regidora ha trasladado la situación de familias que residen las viviendas de alquiler con opción a compra que gestiona ‘Fideree’ que se construyeron con vinculación al régimen de protección durante un plazo de diez años y que, una vez finalizado, ha subido de manera «abusiva» los arrendamientos.
En el encuentro también han participado un representante de las familias afectadas, Ramón Bultó, el concejal delegado de Vivienda y Sostenibilidad, Ángel Muñoz, y el gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV), Ángel Antonio Fernández.
Por parte de la institución, además de la adjunta segunda, ha asistido a la reunión la directora del Área de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Marta Kindelán.
Bultó ha manifestado que la comitiva local ha salido «satisfecha de la reunión». «Queda trabajo por hacer, pero vamos por el buen camino», ha señalado tras agradecer a la alcaldesa y al edil de Vivienda «hacer posible esta reunión».
«Legítimas reivindicaciones»
La alcaldesa de Getafe ha expuesto, por su lado, que acudir al Defensor del Pueblo es una de las medidas acordadas para ayudar a estos vecinos en sus «legítimas reivindicaciones», así como prestarles «toda la asistencia jurídica en estos difíciles momentos».
Los vecinos afectados que se niegan a asumir el incremento económico han recibido ya las «primeras demandas de desahucio de la empresa» mientras había una negociación abierta en la que media el Ayuntamiento, según Bultó.
La alcaldesa remitió una carta pidiendo amparo al Defensor del Pueblo el pasado mes de enero. En la misiva, la regidora ha denunciado la «práctica especulativa totalmente contraria al mandato de garantizar el acceso a una vivienda digna de todos y todas». Al tiempo, ha criticado que «no se comunicara previamente a todos los inquilinos las nuevas condiciones para un nuevo contrato de arrendamiento».
