Vecinos de las más de 240 viviendas públicas del barrio getafeño de Cerro Buenavista que gestiona ‘Fidere’ -filial del fondo ‘buitre’ Blackstone- se han concentrado frente a sus viviendas para protestar por las subidas de los alquileres de un 40 a un 60 por ciento, incrementos que ya se han comunicado a una treintena de familias que el lunes finalizaban su contrato de arrendamiento.

El Sindicato de Inquilinos de Madrid ha movilizado a los vecinos para emprender una lucha y «plantar batalla» contra lo que consideran una «subida abusiva» de estos alquileres, en viviendas de protección que en su día construyó la Comunidad de Madrid.

Los vecinos han tenido que concentrarse fuera de la urbanización, en la calle, ya que -según han detallado- ‘Fidere’ ha contratado con «su dinero» un servicio de seguridad privada que les han impedido «manifestarse» en su «propia casa».

Los residentes han mostrado pancartas en las que han reclamado alquileres «justos» y en las que abogan por que los fondos no «expulsen» a la gente de sus barrios.

Apoyos

La portavoz de Podemos y teniente de Alcalde del Gobierno local, Alba Leo, ha respaldado la movilización. «No puede ocurrir familias que viven bajo protección pública vean en riesgo su hogar por los intereses especulativos de una multinacional», ha denunciado. Por parte del Gobierno local estuvo también en la concentración el concejal de Vivienda, Ángel Muñoz.

También la diputada regional de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid y portavoz de IU, Vanessa Lillo, se ha movilizado junto a los vecinos ante la iniciativa de «un fondo buitre que quiere especular con el suelo de todos», según ha remarcado.

«Exigimos medidas inmediatas para que no tengan que abandonar sus viviendas», han señalado desde IU, que han advertido de que «el sueño de acceder a una vivienda a un precio tasado y accesible se ha tornado pesadilla al ser el inmueble adquirido por ‘Fidere’, que les ha duplicado el precio del alquiler».

Los inquilinos reclaman unos alquileres «justos» (Foto: IU)

‘Fidere’ dice estar dentro de la normalidad

Por su lado, la empresa ‘Fidere’ ha asegurado que las condiciones de alquiler ofrecidas a los inquilinos de sus viviendas se encuentran «dentro de lo habitual, 7 años más bonificaciones comerciales», y ha precisado que la renta «está alineada con los precios medios para viviendas similares en la zona».

En esta línea, ha explicado que los contratos de estas viviendas, adquiridas en 2014, han mantenido las condiciones de protección en la renta de alquiler recogidas en los contratos.

Y, sobre las subidas de los alquileres, ha precisado que desde este lunes 84 viviendas han perdido la condición de protegidas, y han entrado en el mercado libre, por lo que la ley obliga a «gestionarlas bajo la Ley de Arrendamientos Urbanos». Según la firma, los inquilinos «son conocedores de que el programa de protección que han disfrutado durante 10 años tenía una limitación temporal».

Las protestas, al Pleno

En el Pleno municipal de la pasada semana, una portavoz del colectivo de afectados, Raquel Martín, intervino en la sesión para manifestar la situación que viven: «Si nos suben un 60% el, alquiler no podemos vivir», se lamentó.

Unas 248 familias de Buenavista fueron adjudicatarios hace años de una vivienda para jóvenes en régimen de alquiler con opción a compra de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, finalmente, las viviendas se vendieron a un ‘fondo buitre’ que, ahora, ha decidido subir entre un 40 y un 60 por ciento los alquileres, y que en algunos casos pueden alcanzar el 100 por ciento, según los vecinos.

«Queremos unos alquileres justos y que se regulen, porque creemos que se está vulnerando nuestro derecho a la vivienda», aseguran los afectados.

David G. Castillejo

Corresponsal de Noticias para Municipios, Europa Press en la zona Sur de Madrid

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1 comentario

  1. La concentración y posterior rueda de prensa se iba a celebrar en el interior de la urbanización, pero Fidere tuvo a bien enviarnos de parte de la Comunidad de Vecinos, que controlan en un 95%) un par de gorilas y un guardia de seguridad con porra (pagados con nuestro dinero) para sacarnos de nuestras zonas comunes alegando que no habíamos pedido permiso según los Estatutos de la Comunidad, de los cuales no tenemos conocimiento.
    Para evitar conflictos, nos fuimos todos a la esquina de enfrente.

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