El Ministerio de Juventud e Infancia trabaja en el borrador de la reforma de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi), con la intención de llevarlo al Consejo de Ministros a lo largo de octubre.
Se trata de un cambio legislativo que la titular de la cartera, Sira Rego, considera imprescindible para cerrar las “lagunas estructurales” del actual sistema de protección.
Entre otras modificaciones, el nuevo texto reconoce a niños y niñas como sujetos activos de derechos. Con ello, busca blindar su derecho que se les escuche en procesos administrativos y judiciales, sin límites de edad.
Los menores deberán ser escuchados siempre
Hasta ahora, la Ley de Enjuiciamiento Civil solo obligaba a escuchar a los menores a partir de los 12 años. Por debajo de esa edad podían ser oídos, pero no era un deber para los jueces. La reforma elimina ese umbral y extiende la obligatoriedad a todos los menores, de forma que ninguna decisión judicial o administrativa pueda tomarse sin valorar su opinión.
El Ministerio insiste en que con ello se refuerza el principio del interés superior del niño y se evita que episodios como el vivido por Daniel, el hijo de Juana Rivas, vuelvan a repetirse.
En julio, el menor de once años tuvo que regresar a Italia con su padre pese a haber manifestado su negativa, sin que el juzgado aceptara escucharle. “No es el único caso”, lamentó entonces Rego, quien subrayó la dificultad que encuentran los niños para que el sistema judicial les crea y les repare.
La ley prevé la creación de un turno de oficio especializado en la infancia con profesionales obligados a contar con formación continua.
Un abogado propio para cada menor
La reforma introduce también la figura del abogado del menor, un letrado de oficio con formación específica en derechos de infancia que actuará en defensa exclusiva de los niños y niñas en procedimientos de custodia, visitas o conflictos parentales.
El objetivo es que no dependan de la representación ejercida por los abogados de sus progenitores. Algo que ha ocurrido en numerosos casos donde los intereses de los adultos han prevalecido sobre los de los hijos.
De aprobarse, se pondrá en marcha un turno de oficio especializado en infancia, con profesionales obligados a contar con formación continua. La intención es superar la actual figura del defensor judicial, considerada insuficiente por los expertos.
Suspensión automática de la patria potestad
Otra de las novedades destacadas es la suspensión de la patria potestad para los progenitores condenados por violencia de género, violencia vicaria o violencia sexual.
La reforma elimina la excepción prevista en el artículo 170 del Código Civil, que permitía a los tribunales devolver la patria potestad en beneficio del menor una vez cesada la causa. Con la nueva norma, la suspensión sería automática y sin posibilidad de restitución.
La medida, subrayan en Juventud, busca reforzar la protección de los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia machista, que serán reconocidos expresamente como víctimas directas de esa violencia.
Violencia institucional y fin del SAP
El anteproyecto define de forma explícita la violencia institucional. En el texto, esta se entiende como cualquier acto u omisión de los poderes públicos o entidades colaboradoras que obstaculice el ejercicio de los derechos de la infancia o incremente la victimización secundaria.
La aplicación del Síndrome de Alienación Parental (SAP) dará lugar a sanciones administrativa y disciplinarias contra los profesionales que lo invoquen.
En este marco, se incluye de manera expresa la aplicación del denominado Síndrome de Alienación Parental (SAP), una teoría pseudocientífica ya rechazada por el Consejo General del Poder Judicial y que algunos tribunales han utilizado en procesos de custodia.
La aplicación del SAP será considerada violencia institucional y dará lugar a sanciones administrativas y disciplinarias contra los profesionales que lo invoquen. “Queremos dejar claro que el SAP es violencia institucional”, insisten desde el departamento de Rego.
Evitar la revictimización
La reforma también plantea que todas las declaraciones de menores se realicen bajo condiciones específicas de protección. Por tanto, habrá que garantizar la confidencialidad y ausencia de contacto con la persona agresora.
También, tendrá la posibilidad de elegir acompañamiento o el sexo de la persona entrevistadora, especialmente en casos de violencia sexual o maltrato.
Además, se elimina el límite de edad para la prueba preconstituida, de modo que todas las declaraciones de menores deberán ser videograbadas. El objetivo es evitar que tengan que repetir su testimonio en distintas fases del proceso y, con ello, la revictimización.
Lenguaje accesible y equipos especializados
El texto fija la obligación de que las resoluciones que afecten a menores se redacten en un lenguaje claro y comprensible. Asimismo, prevé la creación de equipos especializados en infancia en todos los partidos judiciales, conscientes de que la puesta en marcha de juzgados especializados resulta más compleja.
La especialización en infancia será obligatoria para todos los profesionales que intervengan en procesos que afecten a menores. Eso implica a jueces y fiscales hasta personal educativo, sanitario o de servicios sociales. Para ello se aprobará un plan director de formación en coordinación con las comunidades autónomas.
La reforma garantizará que las pensiones de alimentos no estén condicionadas al tiempo que los menores pasen con cada progenitor.
Una reforma con perspectiva feminista
La norma incorpora 26 medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y refuerza la protección de los hijos de mujeres víctimas. Por ejemplo, garantiza que las pensiones de alimentos no estén condicionadas al tiempo que los menores pasen con cada progenitor. También contempla la creación de coordinadores de bienestar en los centros de protección de menores.
El Ministerio de Juventud e Infancia ha trabajado en esta reforma desde febrero. Lo ha hecho junto a un grupo de doce expertas en judicatura, psicología, pediatría, sociología y trabajo social. Entre ellas figuran las magistradas Isabel Giménez y Gloria Poyatos, la jurista María Naredo o la pediatra Narcisa Palomino.
Rego presentará el texto esta tarde al grupo de expertas, con la previsión de llevarlo a Consejo de Ministros antes de noviembre. Antes, cerrará los detalles con los ministerios de Justicia, Igualdad, Sanidad y Derechos Sociales.